ANÁLISIS. El informe del Iaraf reveló que el costo fiscal directo anual experimentó una reducción del 48% en comparación con la iniciativa original.
La reciente media sanción de la reforma laboral en el Senado de la Nación no sólo abre la ruta a una transformación de las reglas de las relaciones laborales en el país, sino que puede redibujar por completo el escenario fiscal que el Poder Ejecutivo tenía en mente. Los cambios introducidos durante el debate legislativo alteraron la estructura de financiamiento y la recaudación proyectada, lo que puede generar un impacto directo en la distribución de recursos entre el Estado Nacional y las provincias. Cabe recordar que el texto todavía debe ser trabajo en Diputados.
Un análisis pormenorizado del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) revela que el costo fiscal directo anual de la reforma completa experimentó una reducción del 48% en comparación con la iniciativa original. Mientras que el proyecto inicial demandaba una inversión pública equivalente a 0,89 puntos porcentuales (p.p.) del Producto Bruto Interno (PBI), el texto que obtuvo luz verde en la Cámara Alta situó ese costo total en 0,47 p.p. del PBI.
El eje central de esta metamorfosis reside en la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo de capitalización diseñado para que las empresas puedan afrontar las indemnizaciones por despidos. Este componente, que se perfila como el más significativo de la reforma, sufrió modificaciones técnicas sustanciales en su esquema de financiamiento que aliviaron la carga sobre las cuentas públicas.
En la propuesta original, se planteaba una reducción lineal del 3% en la alícuota de la carga patronal para nutrir este fondo, lo que implicaba un costo fiscal de 0,57 p.p. del PBI. Sin embargo, tras las intensas negociaciones en el Congreso, los legisladores optaron por un esquema diferenciado que distingue la capacidad contributiva según el tamaño de la unidad productiva.
Los cambios
Bajo el nuevo esquema aprobado, la reducción de aportes será del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Como resultado de esta segmentación, el costo fiscal directo del FAL descendió a 0,37 p.p. del PBI en el escenario base, otorgando una mayor sostenibilidad fiscal al sistema de capitalización indemnizatoria.
El informe técnico de Iaraf advierte, no obstante, que existe una cláusula gatillo que faculta al Gobierno nacional a incrementar esta reducción en 0,5 puntos adicionales si fuera necesario. En caso de hacerse uso de esta facultad, el costo del fondo podría elevarse hasta los 0,46 p.p. del PBI, manteniéndose aun así por debajo de las pretensiones iniciales.
Un dato no menor para el equilibrio federal es que, al tratarse de una reducción en un tributo no coparticipable, el costo del FAL es absorbido en su totalidad por la administración central. Esto significa que la implementación de este nuevo derecho laboral no afecta de manera directa las transferencias automáticas que reciben las jurisdicciones provinciales mes a mes.
Esta reconfiguración del proyecto puede terminar favoreciendo notablemente a las arcas provinciales. El informe destaca que, mientras el costo para el Gobierno Nacional descendió un 42%, el impacto negativo para las provincias y CABA se desplomó un 69%, pasando de una pérdida proyectada de 0,19 pp a tan sólo 0,06 pp del PBI.
