CONGRESO. El oficialismo busca sancionar la reforma laboral antes del 1 de marzo.
El oficialismo pisa el acelerador en el Congreso de la Nación con el objetivo de sancionar antes del 1 de marzo la reforma laboral, el régimen penal juvenil y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Por eso, este viernes se giró a Diputados el texto de modernización laboral y busca acelerar los tiempos para llegar al cierre de las sesiones extraordinarias previsto para el 27 de febrero.
Inicialmente, el oficialismo evaluó convocar a comisiones durante el feriado de Carnaval, pero finalmente desistió. “Aunque los propios estén, necesitamos de los socios y no los podemos obligar”, reconoció una alta fuente libertaria.
En ese esquema, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, junto con el titular del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, apunta a convocar un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda el miércoles 18 de febrero para emitir dictamen y avanzar rápidamente hacia el recinto.
Sin embargo, el oficialismo debe resolver un aspecto reglamentario clave: en extraordinarias el dictamen debe obtenerse diez días antes del cierre del período. Por eso se espera un nuevo decreto presidencial que extienda las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero.
En la Comisión de Presupuesto, el oficialismo cuenta con 18 diputados propios y suma aliados: dos del PRO, además de representantes del MID, Encuentro Federal, Producción y Trabajo, Independencia, Innovación Federal, UCR y Elijo Catamarca. Con ese esquema alcanzaría 27 firmas sobre 45 integrantes.
En Legislación del Trabajo, en tanto, dispone de 11 diputados propios, más dos del PRO y uno de la UCR, sobre un total de 28 miembros. Para lograr dictamen de mayoría necesitaría 37 firmas, una meta posible sólo si todos los aliados acompañan, consignó un artículo de Infobae.
Resistencias de la oposición y aliados
La intención de llevar la reforma laboral al recinto el jueves 19 de febrero genera resistencias en sectores opositores, que cuestionan un tratamiento exprés para una ley de fuerte impacto.
“En el Senado tardaron dos meses y acá lo quieren hacer en 48 horas. Es imposible que podamos tener una discusión seria en ese plazo”, sostuvo un diputado opositor en referencia al trámite previo en el Senado de la Nación Argentina. El legislador también criticó a sectores del PRO y del radicalismo por acompañar un esquema que antes cuestionaban.
Pero el oficialismo no sólo enfrenta la negativa opositora: también aparecen reparos entre aliados. El presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, adelantó que su espacio propondrá modificaciones al proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado, lo que suma incertidumbre al cronograma que impulsa el Gobierno.
