RESPALDO. El dictamen de mayoría reunió 28 firmas y seis disidencias, y con estos números el proyecto quedó en condiciones de ser tratado hoy.
En una jornada marcada por negociaciones y un fuerte pulso político, el Gobierno nacional logró imponer su dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026 en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Con este paso, el proyecto quedó formalmente en condiciones de ser tratado hoy mismo en el recinto, en una sesión especial que ya fue convocada por el oficialismo para sellar la denominada “ley de leyes”.
La Libertad Avanza (LLA) no transitó este camino en soledad. El respaldo necesario para alcanzar las 28 firmas provino de una alianza estratégica -aunque manifestada “en disidencia”- con el interbloque PRO-UCR y un nutrido grupo de gobernadores aliados. Este bloque de apoyo fue fundamental para superar las propuestas alternativas y consolidar la postura de la Casa Rosada frente a una oposición que se mostró fragmentada en tres despachos diferentes.
En términos macroeconómicos, el proyecto presentado por Javier Milei es ambicioso: prevé un crecimiento del PBI del 5% y una inflación anual del 10,1%. Llama la atención la proyección del tipo de cambio a $1.423 para diciembre de 2026, una cifra notable baja comparada con las expectativas del mercado. Estas metas difieren de las proyecciones del FMI, que estiman un crecimiento más moderado (4%) y una inflación superior (16,4%).
El texto oficial que llegará al recinto incorporó, a último momento, un cambio que encendió las alarmas en los sectores sociales y educativos: el polémico artículo 75. Esta cláusula dispone la derogación definitiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad y de la Ley de Financiamiento Universitario. Ambas normas venían siendo un eje central de reclamo por parte de la oposición y de diversos sectores de la sociedad civil durante los últimos meses.
Estas leyes, junto con la Ley Garrahan de emergencia pediátrica, ya habían sido virtualmente “suspendidas” por el Poder Ejecutivo al momento de su promulgación mediante la falta de aplicación efectiva. Esta decisión de no ejecutar las partidas correspondientes fue calificada como inconstitucional por Múltiples bloques legislativos, quienes recordaron que dichas normas habían sido votadas e insistidas con mayorías agravadas en el Congreso.
La conducción del debate este mediodía estuvo a cargo de Alberto Benegas Lynch, ante la ausencia de las autoridades habituales de la comisión. Por su parte, el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, realizó una defensa sintética del proyecto, argumentando que la estructura de gastos propuesta por el presidente Milei garantiza el equilibrio fiscal absoluto y aporta previsibilidad sobre el origen y destino de los recursos públicos.
Para cegar el dictamen, la secretaría parlamentaria Silvana Giudici trabajó activamente en la recolección de firmas de bloques como el Pro, el MID y sectores de la UCR. También se sumaron representantes del gobernador Osvaldo Jaldo, Innovación Federal -que representa a los mandatarios Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones)-, el bloque Elijo Catamarca del gobernador Raúl Jalil, y referentes de Marcelo Orrego (gobernador de San Juan).
A pesar del acompañamiento, la tensión interna fue evidente. Salvo el PRO y sectores específicos del radicalismo, la mayoría de los firmantes había apoyado previamente las leyes de financiamiento que ahora el oficialismo busca derogar. Esta contradicción quedó plasmada en las disidencias parciales estampadas en el dictamen, lo que sugiere que la votación “en particular” de ciertos artículos podría convertirse en un campo de batalla incierto durante la sesión de mañana.
Desde la vereda de Unión por la Patria (UP), el diputado Pablo Yedlin cruzó con dureza a sus pares que facilitaron el dictamen oficial. Yedlin advirtió sobre una “falta de respeto institucional” y denunció un silencio en el apego al republicanismo, instalando a los legisladores a que, si bien apoyan el presupuesto en general, mantienen su coherencia y protegen el financiamiento de las universidades y las personas con discapacidad en la votación por artículos.
Para garantizar la lealtad de los gobernadores, la Casa Rosada desplegó una serie de incentivos concretos. En las últimas horas, se aceleró el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por un total de $43.000 millones, beneficiando directamente a las provincias de Tucumán, Misiones y Chaco. Además, el Ejecutivo envió una reforma a la Ley de Glaciares, una demanda histórica de los gobernadores cordilleranos para facilitar las inversiones mineras.
El bloque del PRO también dejó marcada su impronta en la disidencia al reclamar por la deuda histórica que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno porteño exige el pago de $274.000 millones y exige que el Presupuesto 2026 incluya una cláusula que garantice la transferencia semanal automática del 1,55% de la masa coparticipable, cumpliendo así con el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
El dictamen de minoría de Unión por la Patria, presentado por Germán Martínez, propuso un modelo antagónico: financiamiento garantizado para universidades, vigencia plena de la emergencia en discapacidad y fondos para el Garrahan. Además, su proyecto contempla la continuidad del régimen de zonas frías, la actualización del bono previsional y la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), entre otros puntos de asistencia social.
Otro triunfo oficialista: el Gobierno dictaminó la Regla Fiscal
El Gobierno también logró dictaminar el proyecto que impone una regla fiscal y prohibe el déficit. Se alzó con el despacho de mayoría, con 28 firmas y cuatro disidencias. La propuesta incluye la obligatoriedad de un presupuesto equilibrado o superavitario. Además, el proyecto incorpora modificaciones al Código Penal para sancionar a funcionarios públicos que autoricen gastos sin recursos o que promuevan la emisión monetaria irregular. UP, en tanto, presentó su propio proyecto al considerar “absurda” la iniciativa oficial.
Reforma laboral: empieza el debate en el Senado
Hoy será el arranque de un trámite que promete ser expeditivo y que, según los planes acordados por el oficialismo con los bloques dialoguistas, apuesta a concluir la discusión el viernes de esta semana con la firma del dictamen y su discusión en el recinto una semana después, el 26 de diciembre. Junto al tratamiento de la reforma también se llevará a cabo el debate del proyecto que modifica la Ley de Glaciares para reducir la protección sobre los periglaciares, cambios reclamados por las provincias cordilleranas.
