Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

Una mujer fue condenada a cinco años de prisión por haber fingido ser abogada y, utilizando la matrícula profesional y el nombre de otras letradas, haber estafado a varias personas ofreciendo asesoramiento jurídico. La imputada ofreció un resarcimiento económico de $8 millones.

El caso fue investigado por la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II que conduce Diego Hevia. Según la acusación, Silvana Gabriela González (39 años) simuló la condición de abogada, (profesión de la que carece de título habilitante y autorización colegiada ya que sólo estudió la carrera de Derecho hasta 3° año), utilizó una matrícula perteneciente a una letrada homónima y el nombre de otra profesional y engañó a diferentes personas mediante asesoramiento jurídico.

Para reforzar su mentira, la imputada citó a los damnificados en su supuesto estudio jurídico, ubicado en calle Congreso entre Lamadrid y Lavalle, en la Capital, y les entregó copias de escritos, cédulas y decretos judiciales previamente falsificados por ella, recibiendo por parte de las víctimas el pago de importantes sumas de dinero.

Además, fue acusada de haber realizado una amenaza de bomba al Palacio de Tribunales, ubicado en el pasaje Vélez Sarsfield 451, el pasado 17 de junio de 2025.

Estafa

Por todos los hechos el Ministerio Público Fiscal imputó a González como autora de los delitos de estafa por calidad simulada y falsos títulos, usurpación de títulos y honores, falsificación de instrumentos públicos e intimidación pública. “La imputada simuló intervenir en causas laborales, penales, civiles, de familia, con el consecuente riesgo de prescripción y pérdida de derechos laborales, alimentarios y de accionar de las víctimas. Con su accionar, se produjo una doble afectación, patrimonial e institucional. El daño trasciende el perjuicio económico individual de las víctimas de los delitos de estafa, atento que además existe un grave daño institucional como consecuencia de la intimidación pública y una lesión a la fe pública provocada por la falsificación de instrumentos judiciales”, dijo la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás.

Durante una audiencia realizada ayer, la representante del MPF presentó un acuerdo de juicio abreviado al que arribaron entre las partes y solicitó que González fuera condenada a cinco años de prisión efectiva. La imputada, por su parte, ofreció una reparación económica de $8 millones. “Estamos ante hechos graves que se cometieron a lo largo de muchos años, con multiplicidad de víctimas, donde se puso en peligro no sólo la confianza general, la fe pública y la seguridad en el tráfico jurídico, sino también la confianza de los ciudadanos en las instituciones”, manifestó Briz Tomás.

Finalmente la jueza interviniente resolvió declarar admisible y aceptar el acuerdo pleno de juicio abreviado, ordenando el inmediato alojamiento de González en la unidad penitenciaria correspondiente. Asimismo, decretó la firmeza de la sentencia, ya que las partes renunciaron a presentar recursos de impugnación.