13 Junio 2025
EX JEFA DE ESTADO. Cristina Fernández de Kirchner fue encontrada culpable en la causa “Vialidad” por la Justicia.
Con el fallo de la Corte Suprema de la Nación (CSJN) en la causa “Vialidad”, Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los condenados por los delitos en la obra pública deberán afrontar, además de las penas de cárcel, el decomiso de bienes por una suma multimillonaria, estimada en los 500 millones de dólares. Sin embargo, todavía resta la confirmación del monto final que afrontarán la ex presidenta y sus compañeros de expediente, así como los plazos para su ejecución. ¿De qué depende todo esto?
La sentencia fue rubricada esta martes por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y dejó firme lo resuelto en 2022 por el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 de CABA, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Tras el extenso debate, estos magistrados habían resuelto dictar una pena de seis años de cárcel contra CFK, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarla autora del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional.
El TOF N°2 dio por probado un direccionamiento en la adjudicación de obras viales de Santa Cruz en favor del empresario “K” Lázaro Báez -también condenado en este caso-, así como un perjuicio millonario a las arcas federales por el abandono de distintos proyectos.
En el punto XI) de la resolución judicial, los jueces de primera instancia ordenaron el decomiso de “los efectos del delito”, que consiste en “la suma actualizada de $84.835 millones”. Este punto aclara que el monto deberá ser ajustado “a través de la intervención de organismos técnicos al momento en que esta sentencia adquiera firmeza”, algo que sucedió esta semana con el fallo de la CSJN. Además, el veredicto de 2022 fija un plazo de 10 días hábiles “a contar desde la ejecutabilidad de la presente” para que se deposite la suma en cuestión.
Aunque se interpreta que esta pena accesoria debe ser afrontada de manera solidaria, lo dictado por el TOF N°2 no expresa cuánto deberán pagar CFK, Lázaro Báez y los demás involucrados en la causa “Vialidad”.
Pero, en rigor, ya está todo dado para que se activen los pasos administrativos tendientes al cobro de esa suma, en línea con lo previsto por el artículo 23° del Código Penal Argentino. Toda esta instancia corre por cuenta del juez a cargo de la ejecución de la condena, Gorini, quien también -por ejemplo- dio el plazo de cinco días hábiles para que CFK se entregue en Comodoro Py, a los fines de concretar su detención.
Paso a paso
¿Cómo es el paso a paso para llevar adelante esta medida? Fuentes de la Justicia Federal de Tucumán explicaron a LA GACETA que, en esta instancia, se abre un nuevo legajo enmarcado en el expediente original, cuyo fin es el decomiso de “las cosas que han servido para cometer el hecho” y “de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito”, expresa la normativa. Esos valores -cuentas bancarias, dinero en efectivo, propiedades, etcétera- son transferidos “en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros”, agrega el Código. En “Vialidad”, por ahora, no se confirmó qué destino tendrán los fondos obtenidos producto de la sentencia.
Se espera que, en lo inmediato, Gorini confirme la situación que debe asumir cada uno de los condenados, entre ellos CFK. En esta causa existe un embargo trabado por el juez federal Julián Ercolini, en 2010, por un monto de $10.000 millones. Este dato podría agilizar los trámites, explicaron desde el fuero federal a este diario.
Siguiendo el fallo del TOF N°2, también falta que un organismo técnico determine la actualización de la suma fijada en 2022, de casi $85.000 millones, equivalentes a unos 483 millones de dólares en ese entonces. Ahora, el cálculo para establecer la cifra definitiva debe ser efectuado con “la intervención de organismos técnicos”. Existen varias fórmulas a aplicar, como tomar la referencia de la inflación (IPC), pero una de las más utilizadas es la tasa activa anual del Banco Nación (BNA). Si se utiliza este último método, se superarían los 500 millones de dólares, consigna un informe de Clarín.
Por tratarse de una cifra tan elevada, existe la posibilidad de que los condenados se nieguen a pagar lo exigido, en el marco del legajo que contempla un proceso adversarial con intervención del Ministerio Público Fiscal. Si se produce aquella situación, el TOF N° 2 podrá avanzar en la ejecución de bienes que ya están embargados en el marco de este expediente. Pero también está la opción de que se alcance un entendimiento -incluso está prevista en la normativa la posibilidad de cuotas- hasta saldar el monto fijado en la pena.
En el caso de Cristina Kirchner, en su última declaración patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA), en 2023 -cuando dejó la Vicepresidencia de la Nación- dijo poseer bienes por $250 millones. No cuenta inmuebles, ya que en 2016 cedió todo a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en partes iguales. Conserva sin embargo la residencia de Río Gallegos, de El Calafate, y el piso de la esquina de Uruguay y Juncal, en el barrio porteño de Recoleta.
Además de Cristina, aparecen en la devolución de la cifra fijada por la condena aparecen Lázaro Báez, Nelson Periotti, José Francisco López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
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