Por Martín Soto
13 Junio 2025
La intervención del Municipio y el Concejo Deliberante de Juan Bautista Alberdi fue avalada por la Legislatura de modo unánime, a mano alzada y sin debate. Al poner la Cámara en comisión para dictaminar el decreto de necesidad y urgencia 4/10 que firmó el gobernador Osvaldo Jaldo, sin embargo, legisladores del oficialismo y de oposición coincidieron en que el instrumento es contundente sobre que existían causas graves que ameritaban tomar una medida extrema. En cambio, hubo marcadas discrepancias sobre si correspondía una ley en vez de un DNU y si la determinación se tomó tarde o no, entre otras cuestiones políticas e institucionales más de fondo.
El debate fue presidido por el vicegobernador Miguel Acevedo y duró menos de dos horas. En el recinto acordaron que cada orador pueda hacer uso de cinco minutos para expresarse. Casi toda la oposición pidió la palabra, mientras que el peronismo designó unos pocos oradores. Y entre los ausentes estuvo la legisladora Sandra Figueroa, esposa del desplazado intendente Luis “Pato” Campos.
El presidente del bloque Justicialista, Roque Tobías Álvarez, reconoció que era una sesión dura porque, como hombre de la democracia, no le era grato tener que interrumpir un mandato que surge de las urnas. “Si es DNU o es ley es muy secundario. Aquí la cuestión medular es la decisión que se ha tomado”, expuso. Calificó como “más que graves” las situaciones denunciadas en el municipio y remarcó que es la Justicia la que deberá definir las responsabilidades.
El legislador Gerónimo Vargas Aignasse defendió el uso de un DNU, instrumento contemplado en la Constitución para gobernar. “Es una herramienta hábil para tomar decisiones, en tanto y en cuanto se cumpla. El gobernador hizo uso porque la situación era grave”, expuso. Su postura fue respaldada por Mario Leito, quien destacó las políticas de seguridad y contra el narcomenudeo que viene tomando Jaldo.
Carolina Vargas Aignasse, por su parte, rescató el apoyo de la oposición y definió la intervención como “un remedio fuerte, que se usa en casos extremos”. Coincidió en que la legislación vigente avala que la intervención se realice vía DNU aunque el artículo 139 de la Constitución mencione textualmente que debe ser por ley.
El presidente subrogante de la Legislatura, legislador Sergio Mansilla, brindó su apoyo personal y político a la familia Campos. “Se habla de modo muy peyorativo de Campos y eso duele. Democráticamente gobernaron”, dijo. Y agregó que la gente lo eligió en cuatro oportunidades y en dos a Figueroa. “La Justicia va a definir si (Campos) es culpable de algo”, dijo.
“Fallaron los resortes”
La oposición, por su parte, hizo saber en cada alocución que no estaba de acuerdo con el tratamiento de un DNU. De todos modos, consideró que la causa que salió a la luz por un polémico audio era lo suficientemente grave como para estar justificada la intervención. Silvia Elías de Pérez (Valores par Tucumán) dijo que Alberdi se volvió Macondo y cuestionó que haya habido funcionarios vinculados a casos de narcotráfico sin que Campos haya tomado medidas. “¿Dejaba que pase o era parte? Eso lo va a tener que dilucidar la Justicia”, expuso la parlamentaria alberdiana. José Cano (Radicalismo Federal) recordó que años atrás hizo denuncias en la Justicia por casos de narcotráfico en Alberdi, sin avances. “Todos los resortes institucionales han fallado”, sentenció. Dejó entrever que se podría haber montado con testaferros una empresa para lavar fondos y que la intervención de parte del Ejecutivo era lo que correspondía. “Era la única medida que se podía tomar”, comentó.
Agustín Romano Norri fue duro con el instrumento implementado y dijo que el DNU fue una reacción espasmódica del Gobierno de impacto político para intentar autopreservarse. “El Gobernador, una vez más, desprecia el sistema republicano y la división de poderes”, lanzó. Manuel Courel y Raquel Nievas rescataron que el diputado Roberto Sánchez denunció vinculaciones entre la política y la droga años atrás sin haber tenido respuestas. “Alberdi es una ciudad abandonada”, dijeron. El yerbabuenense recordó que el acceso estuvo clausurado durante años y reclamó “terminar con los amagues” e implementar una reforma política y electoral de fondo, que alcance también a la Ley Orgánica de Municipios (5.529).
Los libertarios José Macome (Compromiso con la Libertad) y José Seleme (Avanza Tucumán) mencionaron que la gente de Alberdi necesita transparencia y una luz de esperanza. El primero planteó que el audio de Campos tiene una magnitud impresionante y se preguntó qué hubiera pasado si no salía a la luz. El segundo definió el DNU como un parche temporal. El republicano Eduardo Verón Guerra, a su vez, dijo que la urgencia y la necesidad estaban dadas.
El alfarista Claudio Viña, en tanto, subrayó que el contenido del DNU es gravísimo dado que había evidencia de situaciones irregulares desde hacía tiempo. “No creo que haya hecho falta un audio para tomar el toro por las astas. O el ‘Pato’ por las alas”, ironizó. Planteó, a su vez, que el problema de Alberdi posiblemente no se circunscriba solo a ese municipio. “Habla a las claras de un entramado narco que no debemos tapar con la intervención”, dijo.
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