Por Martín Soto
09 Mayo 2025
El desagregado de la deuda que el municipio de San Miguel de Tucumán mantiene con la Provincia fue la punta del ovillo de un caso que derivó en una acusación penal por presunto fraude financiero. Luego de numerosos trámites y papeleos, internos y externos, se determinó que hay $500 millones que en 2020 giró la Casa de Gobierno a una cuenta no oficializada de la Intendencia y cuyo destino se desconoce, por eso se acudió a la Justicia.
Si bien la situación salió a la luz esta semana en la reunión conjunta que mantuvieron los gabinetes del gobernador, Osvaldo Jaldo, y la intendenta de la Capital Rossana Chahla, hay que retroceder nueve meses para comprender cómo se inició la investigación contable que el fiscal municipal, Conrado Mosqueira, denunció ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, con el patrocinio del letrado Alfredo Falú.
Con fecha del 6 de agosto de 2024, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, envió una nota dirigida a la jefa municipal para ponerla en conocimiento del relevamiento realizado por la Contaduría General de la Provincia por la deuda que mantiene el municipio con el Poder Ejecutivo, por distintos conceptos: Fondo Fiduciario, Bonos Garantizados y Grandes Aglomerados Urbanos, entre otros.
Lo que llamó la atención en el municipio es que la deuda por Asistencias Financieras Reintegrables representaba casi el 65% del total adeudado, y que en los libros contables sólo se habían asentado $250 millones de los $500 que se otorgaron a través de dos decretos firmados por el entonces gobernador Juan Manzur (N° 974, del 11 de junio de 2020, y el N° 1.798, del 2 de octubre de 2020), y que se giraron mediante cuatro desembolsos de $125 millones. En el mismo informe se plasmó que en ambos casos se firmaron convenios de devolución en 60 cuotas, a tasa histórica, con un periodo de gracia de 30 meses.
Alertas
La notificación generó discrepancias con la información que poseía la Municipalidad dado que las cifras no cerraban. Esa inconsistencia en la contabilidad obligó a revisar documentación de la gestión que encabezó Germán Alfaro al frente de la Intendencia. Fue así como detectaron que de esos $500 millones reintegrables sólo $250 se depositaron en la cuenta registrada del municipio en el Banco Macro.
Al requerir información a la entidad financiera descubrieron que los $250 millones de fondos reintegrables que faltaban se giraron a una segunda cuenta bancaria que no habría estado oficializada, de acuerdo a la denuncia judicial. También encontraron que en ese segundo canal se depositaron otros $250 millones de $500 millones de fondos no reintegrables que envió la Casa de Gobierno entre diciembre de 2020 y febrero de 2021 (decretos N° 2.310 y N° 184, respectivamente).
Sorpresa
Otra cuestión que despertó sorpresas en la gestión actual fue que al pedir la información al banco se conoció que hubo una cesión de derechos sobre la Coparticipación Federal suscriptas por Alfaro (N°310 y N°228), por un monto total de $500 millones.
El contador general, Marcelo Albaca, puso énfasis en que el financiamiento se tomó sin aval del Concejo Deliberante, como exige la Ley Orgánica de las Municipalidades (N° 5.529). “Son cuestiones que tendrá que ver el Tribunal de Cuentas de la Provincia (TC): por qué permitió que se efectivice y se materialice ese tipo de crédito sin contar con los avales correspondientes”, expuso en una entrevista con LG PLAY.
Mosqueira aseguró a este diario que esos $500 millones depositados en la segunda cuenta representaban unos U$S 3,8 millones entre 2020 e inicios de 2021. Aseguró que la denuncia penal está en manos del fiscal regional Fernando Blanno, que fue ratificada, pero que aparentemente no está teniendo movimiento. Anticipó que la Municipalidad analiza pasar de tener rol de denunciante al de querellante.
Cuenta no registrada
En la denuncia, el fiscal municipal indicó que del informe bancario también surge que, por nota del entonces intendente Germán Enrique Alfaro, del 2 de junio de 2020, se abrió la cuenta corriente no registrada en el municipio. Se añadió que los firmantes conjuntos de la cuenta serían los entonces secretarios Luis Rodolfo Ocaranza (Gobierno) y Carlos Domingo Gómez (Economía y Hacienda).
“De acuerdo a lo informado por Tesorería General de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, la cuenta bancaria (...) nunca fue ingresada en los sistemas contables ni financieros de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ni obra acto administrativo de apertura de la misma”, expuso Mosqueira en la denuncia. Añadió que, en base al extracto bancario, los créditos y débitos no fueron registrados de acuerdo a normas vigentes, y que no existe documentación respaldatoria.
“Eso significa que desaparecieron los $500 millones canalizados a través de la cuenta del Banco Macro (...), que fue abierta el 3 de junio de 2020 y luego vaciada y cerrada , según el informe adjunto del Banco Macro del 11 de noviembre de 2024”, desarrolló el fiscal y apoderado municipal.
La postura alfarista
De los ex funcionarios municipales puestos bajo sospecha, fue Alfaro el que rompió el silencio con LA GACETA y dijo desconocer de qué se trata la acusación. “No conozco nada. Nadie me dijo nada ni la Justicia me notificó nada”, respondió de manera telefónica. Y continuó: “nunca recibí nada de la Justicia y ahora porque se acerca el período eleccionario sale esto, justo cuando (Chahla) se pelea con Jaldo. Tiene obsesión conmigo. Siento que estoy en medio de una interna del Partido Justicialista”.
En ese sentido, el ex intendente recordó que al poco tiempo de asumir la administración actual lanzó acusaciones de supuestas malversación de fondos en la administración del Consorcio Metropolitano para Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbano (Girsu). “En diciembre de 2023 eran más de $5.000 millones por los que me acusaban. No sé nada de eso tampoco, no sé en qué quedó. Ahora porque (Chahla) llora con Jaldo y está en un proceso electoral tiene obsesión conmigo. Se pelea con Jaldo, con (Federico) Masso y con (Luis) Medina Ruiz, y el que paga la culpa soy yo. Que se tranquilice y gobierne”, dijo en alusión a cuestiones ocurridas en la previa de la reunión conjunta de gabinetes.
Seis preguntas y respuestas del caso
1 ¿Qué es lo que se pide investigar?
A raíz de un pedido de la Provincia al Municipio de regularizar sus deudas, en 9 de Julio y Lavalle detectaron que hay $500 millones que giró la Casa de Gobierno en 2020 pero que no fueron asentados en los registros contables oficiales.
2 ¿De dónde salieron esos fondos?
El Municipio tenía asentadas asistencias fiscales reintegrables por $250 millones, no por $500 como decía el PE. Al buscar las diferencias hallaron que se habían girado otros $500 millones no reintegrables, pero también se asentó la mitad.
3 ¿Dónde se depositó lo que no quedó asentado?
Al profundizar la investigación con datos bancarios hallaron que en 2020 se abrió otra cuenta a nombre del Municipio pero no fue oficializada, según la gestión actual. Allí ingresaron $250 millones reintegrables y $250 millones no reintegrables.
4 ¿Qué pasó con el dinero de esa cuenta?
Por el momento se desconoce dado que no habrían estado asentados los movimientos en los registros oficiales. Por ese motivo la Municipalidad solicita a la Justicia que averigüe la posibilidad de que haya habido un fraude financiero.
5 ¿Cómo continuará el caso?
El fiscal municipal hizo la denuncia formal ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana para que investigue el destino del dinero que entonces representaba cerca de U$S4 millones. Se informó que el caso lo tiene el fiscal regional Fernando Blanno.
6 ¿Qué dijeron funcionarios de la gestión anterior?
Alfaro afirmó desconocer el caso y remarcó que no fue citado por la Justicia. Dijo que los municipios tienen muchas cuentas bancarias y consideró que la denuncia responde a intereses político y electoral de la actual intendenta.
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