La amenaza fue de muerte: un "apagón" digital de los gigantes de internet podría haber dejado al mundo entero sin Facebook, Google, Twitter y otros servicios por 24 horas, en protesta por la controvertida ley antipiratería (SOPA, por su nombre en inglés Stop Online Piracy Act), que impulsa el congresal estadounidense Lamar Smith.

Si bien por distintos medios expresaron su descontento, los "dueños" de internet no confirmaron la medida de fuerza, que habría sido llevada a cabo mañana. De todos modos, los usuarios comenzaron a prepararse para pasar una jornada completa sin redes sociales ni Wikipedia, entre otros sitios que se fueron sumando a la supuesta "huelga". Todo un desafío.

Pero un día sin Face, Google y Amazon, por citar algunos, no sólo hubiera causado la histeria colectiva de los suscriptores sino que podría significar el colapso económico y social de EEUU. ¿Mucho? No lo sabemos, pero es lo que analizó el diario español "El País", medio que mantuvo charlas con el portavoz de Netcoalition.com, la unión de empresas que luchan contra la ley por considerarla un desmesurado mecanismo de censura.

Barajar estas posibilidades inquietó a la Casa Blanca desde el momento en que la ley entró al parlamento, en octubre de 2011. Es por eso que el sábado a la mañana, mediante un comunicado publicado en un blog oficial, se informó que "el gobierno de Barack Obama no aprobará la ley SOPA si es que esta fomenta la censura, socava la seguridad o altera la estructura de la web". Acto seguido, el Congreso decidió congelar la ley hasta que se encuentre un consenso entre los actores implicados.

Según un análisis de Ariel Vercelli, investigador de Conicet citado por Télam, la normativa pretende bloquear el acceso a cualquier sitio web que infrinja derechos de autor y obligaría a los proveedores de acceso a internet y a los buscadores de la red como Google a monitorear los contenidos. En principio, con una simple denuncia de parte del dueño de los derechos de autor, el sitio podría quedar bloqueado. Las corporaciones comerciales, fundaciones y asociaciones que critican el proyecto no rechazan la lucha contra la copia ilegal de obras intelectuales. Sin embargo, muchas entienden que el proyecto es retrógrado y nació jurídico-políticamente defectuoso. En concreto, se critica que la ley SOPA, que en su versión en el senado lleva las siglas PIPA y que iba a ser discutida en esa cámara el 24 de enero, sería inconstitucional al no garantizar la defensa en juicio. Además, su efectividad sólo podría alcanzarse a través de un ubicuo control sobre internet por parte del Gobierno y de las corporaciones comerciales que impulsan la medida, similar al de China e Irán.