SANTA CRUZ.- Detrás de la batalla política que libran el gobierno, que busca imponer el socialismo, y los sectores más ricos del país, que resisten parapetados en Santa Cruz, se esconde una disputa milenaria: la propiedad de la tierra. Dividida entre la mayoritaria población indígena que sobrevive en la sierra occidental de la agricultura de subsistencia y los productores latifundistas de la fértil llanura oriental, Bolivia atraviesa una fuerte crisis política que tocará hoy un punto de inflexión, cuando los cruceños declaren, como se espera, su autonomía del poder central. Formalmente, la consulta popular fue convocada como un intento por frenar el centralismo de La Paz engarzado en Morales, que ha diseñado una política de nacionalización de los recursos naturales. Esto ha irritado a los empresarios y a la derecha conservadora.

El dedo en el mapa
Sin embargo, analistas consideran que la retórica autonomista de la capital económica del país oculta el temor de los terratenientes a que una reforma agraria que impulsa Morales les haga perder cientos de miles de hectáreas, que podrían terminar en manos de indígenas. "En Santa Cruz, el gran poder económico es agrícola: la producción de soya, la de caña, los ingenios azucareros, las fábricas de aceite. Hay extensiones agrícolas que no se ven en ninguna otra parte", explicó el politólogo Alvaro Puente. "Las tierras eran fiscales en su gran mayoría. durante las dictaduras, los poderosos ponían el dedo en el mapa y elegían las tierras que querían", agregó.

La polémica Carta Magna
Las relaciones entre gobierno y oposición se tensaron más en diciembre, cuando Morales, que llamó a sus seguidores a abstenerse en el referendo, logró que una asamblea constituyente dominada por el oficialismo aprobara en solitario una reforma a la Carta Magna que aumentará el control del Estado sobre la economía y dará mayor poder a los pueblos originarios. Morales, el primer presidente indígena en la historia de Bolivia, ha prometido repartir entre la población aborigen los campos en manos de terratenientes cuyos títulos de propiedad sean ilegítimos. Según fuentes del gobierno, casi todos los documentos de propiedad están viciados. Datos oficiales muestran que Santa Cruz, el departamento con menos presencia indígena del país, concentra más de un tercio de las 100 millones de hectáreas en manos privadas en Bolivia. De ellas, entre un 60% y un 70% serían propiedad de latifundistas.