04 Mayo 2008
AMENAZANTES. Decenas de simpatizantes del gobierno socialista marchan por calles de San Julián, donde quemaron urnas y bloquearon los caminos. REUTERS
SANTA CRUZ.- Colonos de los municipios campesinos de Yapacaní y San Julián, bastiones políticos del gobierno de Evo Morales, quemaron ayer urnas de votación, en rechazo al referendo autonómico que se celebra hoy en Santa Cruz, impulsado por la oposición. Las vías de acceso a la zona fueron cortadas y se esperan actos similares en Berlín, Villa Paraíso, Cuatro Cañadas y Plan Tres Mil, otros bolsones electorales del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
Se trata del primer acto de quiebre de la normalidad en el desarrollo del proceso electoral. El Ejecutivo, enfrascado en una lucha de fondo con la oposición por el modelo constitucional y económico que regirá el país, ha declarado ilegal la consulta cruceña.
Por otra parte, un ambiente de calma expectante predominaba ayer en las zonas urbanas de Santa Cruz. La próspera región intentará hoy definir su futuro institucional, pese a las advertencias de Morales, cuyos partidarios han prometido boicotear la votación. Las encuestas señalan que el “sí” a la autonomía tendrá un 75% de apoyo, aunque esa opción tiene fuerte oposición en los sectores empobrecidos y en áreas rurales leales al presidente socialista.
Más riesgo de violencia
Las fuerzas del orden bajo control del Estado no brindarán seguridad al escrutinio, lo que aumenta los riesgos de violencia. Es más, el Consejo Supremo de Defensa Nacional (Cosdena), una instancia de análisis y apoyo de las Fuerzas Armadas, advirtió que el estatuto autonómico amenaza la integridad del territorio nacional. El secretario permanente del Cosdena, general Mario Ayala Ferrufino, dijo que el contenido del estatuto autonómico puede generar graves consecuencias en la unidad del país. Unos 1.000 gendarmes municipales brindarán seguridad en 235 recintos de votación de la ciudad, ante la decisión del gobierno de no desplegar policías nacionales.
Declaración inquietante
Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, llamó a la población a movilizarse en paz. Costas declaró recientemente que con el referendo se habrá puesto en marcha “una segunda república”, lo que reafirmó los temores del gobierno central de una intención secesionista del estatuto autonómico que se votará hoy. Santa Cruz tiene una dicotomía muy marcada con una clase social alta de blancos y descendientes de extranjeros, por un lado, y nativos e inmigrantes bolivianos de las empobrecidas tierras altas del occidente por el otro. Según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 39% de su población, de unos 2,5 millones de habitantes, está en el umbral de la pobreza. Según las poderosas elites agroindustriales cruceñas, esa situación se debe al centralismo que ejerce el gobierno nacional.
Próximos capítulos
Esta región, la más rica de Bolivia y que concentra el 30% del PIB nacional, abre el camino a otros referendos autonómicos que se celebrarán en los próximos 50 días en Beni, Pando, y Tarija, que junto con Santa Cruz conforman una especie de media luna geográfica. La OEA hizo un llamado por la unidad nacional y la democracia en Bolivia, y rechazó “cualquier intento de ruptura” del orden constitucional y de la integridad territorial del país.
La consulta cruceña, que no cuenta con el aval de la Corte Nacional Electoral, estará a cargo de la Corte Departamental, en disidencia con el tribunal superior. Unos 930.000 votantes han sido convocados. (DPA)
1 - La actual Constitución fija un Estado unitario, con gobierno nacional y prefecturas limitadas en sus atribuciones en los nueve departamentos.
2 - La futura Carta Magna sí reconoce autonomías para departamentos, provincias y pueblos indígenas. Pero la oposición rechazó este proyecto del oficialismo.
3 - Entre las atribuciones del gobierno autónomo figuran el manejo de las políticas de tierras, de los tributos, del transporte terrestre y de los ferrocarriles.
4 - El gobierno cuestiona especialmente la intención cruceña de manejar la política de tierras, lo que bloquearía la “revolución agraria” en marcha.
5 - Las autoridades cruceñas gozarían de inmunidad y sólo podrían ser juzgadas por la Corte Suprema, previa autorización de la asamblea departamental.
Se trata del primer acto de quiebre de la normalidad en el desarrollo del proceso electoral. El Ejecutivo, enfrascado en una lucha de fondo con la oposición por el modelo constitucional y económico que regirá el país, ha declarado ilegal la consulta cruceña.
Por otra parte, un ambiente de calma expectante predominaba ayer en las zonas urbanas de Santa Cruz. La próspera región intentará hoy definir su futuro institucional, pese a las advertencias de Morales, cuyos partidarios han prometido boicotear la votación. Las encuestas señalan que el “sí” a la autonomía tendrá un 75% de apoyo, aunque esa opción tiene fuerte oposición en los sectores empobrecidos y en áreas rurales leales al presidente socialista.
Más riesgo de violencia
Las fuerzas del orden bajo control del Estado no brindarán seguridad al escrutinio, lo que aumenta los riesgos de violencia. Es más, el Consejo Supremo de Defensa Nacional (Cosdena), una instancia de análisis y apoyo de las Fuerzas Armadas, advirtió que el estatuto autonómico amenaza la integridad del territorio nacional. El secretario permanente del Cosdena, general Mario Ayala Ferrufino, dijo que el contenido del estatuto autonómico puede generar graves consecuencias en la unidad del país. Unos 1.000 gendarmes municipales brindarán seguridad en 235 recintos de votación de la ciudad, ante la decisión del gobierno de no desplegar policías nacionales.
Declaración inquietante
Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, llamó a la población a movilizarse en paz. Costas declaró recientemente que con el referendo se habrá puesto en marcha “una segunda república”, lo que reafirmó los temores del gobierno central de una intención secesionista del estatuto autonómico que se votará hoy. Santa Cruz tiene una dicotomía muy marcada con una clase social alta de blancos y descendientes de extranjeros, por un lado, y nativos e inmigrantes bolivianos de las empobrecidas tierras altas del occidente por el otro. Según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 39% de su población, de unos 2,5 millones de habitantes, está en el umbral de la pobreza. Según las poderosas elites agroindustriales cruceñas, esa situación se debe al centralismo que ejerce el gobierno nacional.
Próximos capítulos
Esta región, la más rica de Bolivia y que concentra el 30% del PIB nacional, abre el camino a otros referendos autonómicos que se celebrarán en los próximos 50 días en Beni, Pando, y Tarija, que junto con Santa Cruz conforman una especie de media luna geográfica. La OEA hizo un llamado por la unidad nacional y la democracia en Bolivia, y rechazó “cualquier intento de ruptura” del orden constitucional y de la integridad territorial del país.
La consulta cruceña, que no cuenta con el aval de la Corte Nacional Electoral, estará a cargo de la Corte Departamental, en disidencia con el tribunal superior. Unos 930.000 votantes han sido convocados. (DPA)
Claves del conflicto
1 - La actual Constitución fija un Estado unitario, con gobierno nacional y prefecturas limitadas en sus atribuciones en los nueve departamentos.
2 - La futura Carta Magna sí reconoce autonomías para departamentos, provincias y pueblos indígenas. Pero la oposición rechazó este proyecto del oficialismo.
3 - Entre las atribuciones del gobierno autónomo figuran el manejo de las políticas de tierras, de los tributos, del transporte terrestre y de los ferrocarriles.
4 - El gobierno cuestiona especialmente la intención cruceña de manejar la política de tierras, lo que bloquearía la “revolución agraria” en marcha.
5 - Las autoridades cruceñas gozarían de inmunidad y sólo podrían ser juzgadas por la Corte Suprema, previa autorización de la asamblea departamental.
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