BUENOS AIRES.- La defensa de la ex presidenta, María Estela Martínez de Perón, que lleva 16 meses cumpliendo arresto preventivo domiciliario en Madrid, ratificó la negativa de la ex mandataria a ser extraditada a la Argentina por los crímenes de la Triple A, y usó como argumento que tiene nacionalidad española.
Así lo informaron agencias internacionales en sus despachos sobre la sesión celebrada en la Audiencia Nacional de España, con la presencia de “Isabel” Perón, que cumple su detención en un chalé de la localidad de Villanueva de la Cañada, en las afueras de Madrid.
En verdad, la ex presidenta posee doble nacionalidad. La argentina, por nacimiento en la provincia de La Rioja, el 4 de febrero de 1931. Y la española por los años de residencia que lleva en Madrid, en los años 60 y 70 acompañando a su esposo Juan Domingo Perón, y a partir de 1981 como derrocada presidenta de la Argentina. La defensa también esgrimió como argumentos para oponerse a la extradición la edad de su clienta, 77 años, y su estado de salud -atravesaría momentos delicados en el plano mental-.
Por su parte, la Fiscalía apoyó la extradición a la Argentina de la ex mandataria, que llegó a la Casa Rosada a raíz del fallecimiento de Perón, el 1 de julio de 1974, y fue derrocada el 24 de marzo de 1976 por el golpe de las Fuerzas Armadas que dio origen a la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. La semana próxima el juez español Fernando García Nicolás resolverá si accede al pedido de la Justicia argentina de extraditarla, pero en cualquier caso la última palabra será del Consejo de Ministros del Gobierno español, que adoptará una decisión política al respecto. La viuda de Perón cumple detención domiciliaria desde el 12 de enero por orden del juez Juan del Olmo, de la Audiencia Nacional de España, que tramita sendos exhortos de sus pares argentinos Norberto Oyarbide y Rubén Acosta, de la provincia de Mendoza.
El magistrado mendocino le imputa responsabilidad en la desaparición del joven mendocino Héctor Fagetti, secuestrado el 25 de febrero de 1976, o sea un mes antes de la caída de su Gobierno por el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas, así como la detención ilegal de un menor de edad.
Oyarbide, en tanto, le imputa responsabilidad en la dirección de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA o Triple A), la banda terrorista paraestatal que, según cálculos de organismos humanitarios, de 1973 a 1974 habría asesinado a casi un millar de opositores políticos. (DyN-NA)