El 49,8% de los ciudadanos desconoce que en la Constitución están garantizados los derechos de los niños. El 36% no conocía ninguno de esos derechos. Estos son datos revelados en una encuesta realizada por Andhes (Abogados y Abogadas del Noa en Derechos Humanos y Estudios Sociales) y Unicef, Argentina.
El estudio, efectuado en Santiago del Estero, Tucumán y Jujuy, como parte del proyecto “La institucionalización de niños y adolescentes en las provincias del Noa”, contiene también las siguientes respuestas del público:
- ¿Qué cree que el Estado intenta hacer llevando a niños y adolescentes vulnerables a instituciones?
• El 22,8% entiende que la intención es garantizar y respetar sus derechos. El 27,3% cree que se busca proteger a la sociedad del peligro que pudieran representar. El 47,6% considera ambas cosas. La sociedad entiende que la situación de institucionalización está relacionada con la idea de sanción, más que de ayuda.
- ¿A qué niños y adolescentes cree usted que el Estado debería internar en hogares e institutos?
• Un 34% cree que debe ser una medida ante la comisión de un delito. Este porcentaje se aumenta a un 60,2% si se toma el 25,8% que cree que debe institucionalizarse a las personas que hayan sido víctimas de un delito cometido por sus familiares. Sólo justifican esta medida ante la falta de familia el 17,3% o las condiciones de extrema pobreza, el 12,5%. Sólo un 6,6% la considera una medida a aplicarse en casos de que la familia existente se vea como inadecuada.

Córdoba.- En Córdoba no hay ningún proyecto para la protección de los derechos de la infancia, que impone la Ley nacional 26.601 promulgada hace un año.
Sólo en Córdoba hay más de 3.400 chicos institucionalizados por razones asistenciales (maltrato, abuso o pobreza), en virtud de la antigua Ley de Patronato de Menores, que da facultades a la Justicia para intervenir en la vida de cualquier menor considerado en la vaga causal de “peligro mortal o material”. Según la opinión del juez de Menores José María López Peña, si hubiese programas de contención de familia y niños, la labor judicial prevencional intervendría “de una manera más acotada, como órgano de contralor de lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo”. En tanto, un frente de ONG cordobesas que conforman un foro de trabajo por los derechos del niño anunció para hoy una pegatina con carteles para difundir el contenido de la ley nacional. El lunes instalarán una carpa en la plaza San Martín para explicar los ejes de la campaña. (La Voz del Interior / Red de Diarios en Periodismo Social)


CATAMARCA.- A pesar de los relevamientos y programas que periódicamente se presentan a nivel oficial, el Estado no logra generar salidas positivas para los chicos que crecen en condiciones desfavorables. Mientras tanto, aumentan los problemas de niños a nivel familiar, social y económico. Y la internación crónica se muestra como la peor opción.
Decenas de niños y jóvenes catamarqueños ven prematuramente cercenada su oportunidad de crecimiento y desarrollo personal. La pobreza, el desamparo familiar, la indiferencia mayoritaria de la sociedad y la inoperancia oficial se combinan para castigarlos  con una realidad dramática.
Algunos de esos chicos viven en las calles, otros permanecen internados desde hace meses, desde hace años, desde siempre. Es difícil discernir quiénes corren con peor suerte: la institucionalización crónica de los pequeños es tan asfixiante e improductiva como el peligroso azar que imponen las calles. (El Ancasti, Red de Diarios de Periodismo Social)


GENERAL ROCA-Neuquen.- En Río Negro y en Neuquén hay unos 180 menores, entre niños y adolescentes, alojados en hogares o en instituciones de contención. Una decisión claramente a contramano de lo que establece la Convención por los Derechos del Niño y la ley argentina. Pero hay algo que alarma aún más: casi el 90% de ellos no cometió ningún delito. Están allí porque son pobres; porque fueron abusados o abandonados; porque son adictos a alguna droga o porque sus padres están gravemente enfermos.
En algunos casos, están alojados en edificios inadecuados, sin las normas de seguridad aconsejadas, hacinados y sin ningún tipo de contención. Y en otros casos, viven en edificios con todas las comodidades, pero allí se quedan durante años, sin posibilidades de escapar de un sistema que pareciera mantenerlos cautivos. Entre ambas provincias hay 19 institutos para alojarlos. El más tristemente célebre, en Roca, es el “Alfonsina Storni”, con espacios pequeños y donde conviven chicos y adolescentes mayores de 12 años. (Río Negro, Red de Diarios de Periodismo Social).