María Angélica Gómez quiere olvidarse para siempre del trágico año 2001, cuando su nieta Rosita se convirtió en la primera víctima de la desnutrición. La Justicia había ordenado la internación de los cuatro hijos de Pablo y Cristina Gómez, los padres de la niña.
Dos niños fueron a la Sala Cuna y otros dos, con parálisis cerebral, al hogar San Benito, para discapacitados. Durante los dos años, la madre, que en ese tiempo tuvo otra bebé, y la abuela, se turnaban para vivir en el instituto San Benito, donde les enseñaron pautas de crianza, según contó la directora, Victoria Molina.
Restituidos a su hogar, bajo la supervisión de la abuela (la madre presenta un retraso mental), la Dirección de Familia los incluyó en el programa Consolidación del Vínculo Familiar, con un apoyo de $ 300 por mes, y asistencia médica y educativa.

“Nunca nos lo dieron”
Sin embargo, la familia no está conforme. “Lo más importante, que era conseguir dos sillas de rueda para mis nietos, nunca nos lo dieron. El más grande ya tiene 8 años, y está pesado. El más chico tiene 4 años”, dijo enojada María Angélica, quien reclamó al Estado la cobertura de transporte para el familiar del discapacitado.
“Para ir a rehabilitación, tres veces a la semana, tengo que pedirle ayuda a mi ahijado; caminamos varias cuadras con los chicos en brazos hasta tomar el colectivo. Encima, tenemos que pagar el boleto para los dos, porque el pase sólo cubre el de los chicos”, indicó molesta. “Nosotros esperábamos más ayuda. Nos dieron la mitad de los ladrillos para hacer la pieza, pero todavía le falta el contrapiso. Mi hijo trabaja, pero apenas le alcanza para vivir”, dijo.

Entregarán sillas de rueda
Por su parte la directora de Familia y Minoridad, Mary de Canals, aclaró que los beneficiarios del programa deben hacer todas las demandas a los trabajadores sociales para que los ayuden.
Incluso anticipo que “la semana próxima se entregarán sillas de ruedas, de los rodados 12 a 16, a quienes las solicitaron””.

“La misión original de los institutos ha cambiado. El Estado tiene que cambiar la mirada. Esto significa que hay que modificar la infraestructura, la construcción de pequeños hogares; no quedar en la idea de orfelinatos de posguerra. Pero los institutos, como espacio, no van a poder desaparecer. El Estado tiene la obligación de proteger los derechos de los niños, pero hay que buscar los mejores mecanismos para poder atender la problemática de menores que están a su cargo, tanto el que tiene problemas de índole familiar, como de abandono o situaciones de violencia en su casa”, sostiene Beatriz Mirkin,
La funcionaria señaló que, desde 2003, han disminuido en más de un 30% las causas por razones asistenciales, pero también las de menores en conflicto con la ley penal, sector donde se han implementado programas como el de libertad asistida, y donde hay 30 chicos, con una marcada tendencia a disminuir”, señaló.
Mirkin explicó que al momento en que se inició esta gestión, los chicos en conflicto con la ley superaban los 90 y la mayoría estaba en comisarías. “Hoy tenemos 36 chicos en el Instituto Roca”, explicó la funcionaria.


Casi 17 años han transcurrido desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Desde entonces, hubo cambios legales significativos dirigidos a incorporar los derechos de esta Convención a las leyes latinoamericanas. También se han transformado, en general, las formas tradicionales de referirse a la protección a la niñez que, como es sabido, no la planteaban en términos de protección de derechos humanos sino de ayuda a los más necesitados.
Sin embargo, la realidad no parece haber cambiado tanto en estos años o, en todo caso, a la hora de hacer un balance, los cambios efectivamente ocurridos en la realidad no motivan festejos.
¿Será que las leyes no tienen mayor efecto en la vida social, que se zafa con facilidad de los corsets normativos? ¿Será que la reforma legal consumió toda la energía política, institucional, social, intelectual y ya no quedó nada  para el día después, para que los cambios propuestos en la ley efectivamente se concreten? ¿Será que las reformas legales se aprobaron con un entusiasmo que no se repitió a la hora de la implementación? ¿Será que, cuando se trata de los derechos de la infancia, el derecho es lo menos?

La participación
Casi dos décadas de transformaciones legales enseñan en América Latina que esas preguntas no pueden responderse con demagogia o con eslóganes. Se trata de cuestiones complejas y mayores que requieren abordajes igualmente complejos y mayores, que interpelan a los mayores y su responsabilidad, que reclaman la  participación de los más jóvenes.
Está hoy claro -por lo menos conceptualmente claro-, que para proteger a un niño no se lo puede privar de derechos fundamentales. En otras palabras, que el derecho a ser protegido no se gana perdiendo otros derechos; pero, ¿cómo se concreta hoy, en la práctica social, el derecho a la protección especial del que todas las personas menores de 18 años son titulares?

Un avance cultural
En estos años un derecho al revés se puso al derecho y con ello se ha producido un avance cultural cuya importancia es autoevidente; pero queda mucho por recorrer para que un mejor derecho o, en palabras más precisas, un derecho adecuado con los estándares internacionales, impacte en la vida concreta de todos los niños y las niñas del país.
Cómo queremos que impacte es una cuestión aún pendiente, del mismo modo que lo son los contenidos de la protección y los límites que el Estado y los mayores en general deben autoimponerse cuando concretan estos deberes de protección.