La oposición habló de un Presupuesto con tintes “electoralistas y asistencialistas”

El oficialismo hizo prevalecer la amplia mayoría que dispone en la Legislatura para la aprobación del Presupuesto 2023, que estima por $798.814 millones los recursos y gastos que tendrá el Estado en sus tres Poderes para el año electoral. La denominada “ley de leyes” se votó de modo nominal y se aprobó con 38 expresiones afirmativas -algunas de legisladores opositores- y siete negativas.

En el recinto, sin embargo, retumbaron más los cuestionamientos que los halagos hacia una proyección presupuestaria que otorga también más de una decena de autorizaciones al Poder Ejecutivo (PE) para la toma de deuda u otras modificaciones presupuestarias. El proyecto, en general, fue votado en contra por los legisladores de Fuerza Republicana: Ricardo Bussi, Mario Casali, Gerardo Huesen y Horacio Vermal; el radical José María Canelada; Nadima Pecci (Valores Republicanos) y Paulo Ternavasio (Democracia Republicana).

Algunos números

El Ministerio de Economía estimó gastos corrientes (salarios, servicios y bienes de consumo) por $614.596 millones (77%), $174.156 millones para gastos de capital (compra de bienes de uso y realización de obras) y un superávit de $10.000 millones. El equipo económico tomó como referencias las pautas que fijó el Gobierno de la Nación: una inflación del 60% anual, un 2% de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y un dólar a $269,90.

Nada se dijo en el recinto ni se precisó en la norma sancionada respecto a cuáles serán los montos previstos para el funcionamiento del Poder Judicial y el Poder Legislativo en 2023. Durante el trabajo en comisiones se aseguró que un 8% del total será ejecutado por la Justicia y un 4,3%, por la Cámara. De ello se desprende que el presupuesto judicial será de casi $64.000 millones ($175 millones por día) y el legislativo rondará los $34.000 millones ($93 millones diarios).

Ataque y defensa

El presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Juan Ruiz Olivares, destacó que las previsiones para el ejercicio próximo se incrementaron -en general- en el orden del 125%. Rechazó, sin embargo, que el Estado esté gastando más pese a la inflación. “El año pasado nos criticaban porque teníamos muchos gastos corrientes y pocos gastos de capital. Hemos bajado el gasto corriente y hemos aumentado el gasto de capital en un 25%. Es una falacia”, cuestionó ante reparos opositores. Marcó también que Tucumán prácticamente no tiene deudas. Remarcó que, pese al escenario económico adverso, el Estado está pagando los salarios a tiempo y que otorgará un bono de $60.000 para toda Administración Pública. A su vez, ponderó que la Ley de Narcomenudeo dispondrá de más de $10.000 millones para su aplicación en el ámbito judicial y de seguridad.

Los cuestionamientos de la oposición fueron coincidentes en tres cuestiones principales, como que -nuevamente- no se haya contemplado presupuesto de recursos y gastos para las 93 comunas, que la partida para el plan de desempleo Unrel (Unidad de Reconversión Laboral) sea de $10.000 millones (más del doble de lo previsto para 2022), que se dispongan de $1.700 para subsidios discrecionales y que Comunicación Pública tenga proyectados gastos por $2.275 millones en un año electoral.

Canelada cuestionó que la Secretaría de Políticas contra Adicciones tenga un presupuesto de $489 millones cuando es una pata fundamental de la Ley de Narcomenudeo. “Si comparo con el presupuesto de Comunicación, podríamos tener cinco secretarías. El presupuesto nos habla de prioridades de políticas públicas. Es más importante la disponibilidad de planes sociales que otras cuestiones de la política pública. Da la sensación que la prioridad son las elecciones”, fustigó.

“No cierran los números”

Bussi fue la voz del bloque republicano y dijo que al Presupuesto 2023 “no le cierran los números”. “No cierra el número de la inflación, ni el del aumento del gasto público, ni el de la recaudación, ni el de la reinversión de lo recaudado, ni el de la plata discrecional para las comunas, ni el de los empleados públicos y ni siquiera el de una sola de las 93 comunas rurales”, acusó.

La legisladora Pecci destacó el incremento que se dio para Obras Públicas y que no se prevé un déficit, pero contrastó que, a pesar de ello, cada año se prorroga la ley de Emergencia Económica. Además consideró que la iniciativa tiene tintes “electoralistas y asistencialistas”, a la vez que reprochó que se dispongan $137.000 millones para transferencias “discrecionales” a municipios y comunas.

Raúl Pellegrini fue la voz del bloque alfarista, que votó a favor en general pero en contra en distintos puntos del articulado. Opinó que el presupuesto parecía ser “una copia aumentada, con nuevos valores” del que se aprobó el año pasado. Puso la lupa sobre la Unrel, que en su articulado hace alusión a los desempleados como consecuencia de la pandemia. “Yo tengo entendido que la pandemia no está vigente, que la emergencia no está vigente”, expuso. Remarcó que un gobierno debe tener su presupuesto y destacó los incrementos que hubo para los gastos de capital y para Seguridad (en torno al 160%).

Federico Masso, líder de Libres del Sur, señaló que Tucumán tiene problemas estructurales que debe atender, como seguridad, inflación, infraestructura y falta de viviendas populares para sacar a las familias del hacinamiento, entre otros. Rechazó los cuestionamientos que se lanzaron contra la Unrel porque dijo que se hacen cruzamientos de datos y que no puede cobrar este programa quien está en el Estado. “Si es asistencialismo lo veremos en la cancha. Con el sistema de cruces hoy nadie puede tener dos cosas”, señaló. Y añadió: “tratemos de que el presupuesto impacte donde tiene que impactar, sino tenemos que denunciar”.