07 Agosto 2022
La falta de acuerdo político entre el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC), sumado a las vicisitudes que atravesó la economía argentina dejaron en segundo plano la discusión de este tema.
Por una parte, los legisladores que representan a la oposición en la Cámara de Diputados habían llegado a un acuerdo hace poco más de un mes para reformar la ley vigente y volver a los contratos con plazo de dos años. De hecho, firmaron en la comisión de Presupuesto un dictamen de minoría y hasta habían pactado tratar el tema el 30 de junio en el recinto, confiados en que estaban los números. Ante las reacciones contrarias de las agrupaciones de inquilinos, que se opusieron a la posibilidad de realizar ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y 12 meses, la discusión se desinfló.
La propuesta que consensuó la minoría también plantea que las partes “deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS)” elaborados por el Indec, “o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.
Por su parte, el dictamen al que llegó el Frente de Todos con 40 firmas reivindica la ley actual, al mantener el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina el IPC y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). Asimismo, otorga más facilidades para los inquilinos en la presentación de garantías. En el capítulo de incentivos fiscales, propone una reforma en el régimen de monotributo para beneficiar a monotributistas que tengan más de tres unidades de explotación; incorpora al régimen de la Ley de Incentivo a la construcción los inmuebles que durante 12 años estén destinados al alquiler y “siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados”; y exime del impuesto a los Bienes Personales a aquellas propiedades cuyo valor resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, el mínimo no imponible para esa categoría.
Más allá de las posturas, el Congreso sigue sin definir una fecha de debate y la deuda para con el sector sigue pendiente.
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