CRÍTICA. “Hacen política con la inseguridad”, disparó Ocaranza. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE JOSÉ NUNO
Pocos signos son tan inequívocos respecto de que la campaña electoral está lanzada (el anuncio de que el Gobierno va a anticipar las elecciones provinciales para junio de 2023 fue la largada) como la escalada verbal que se ha desatado entre dos candidatos a gobernadores. Una eventual tregua parece lejana con el correr de los días.
La Policía de Tucumán comunicó que dejará de prestar servicios adicionales en las 37 oficinas municipales que venía custodiando, lo que encendió la chispa para que ardiera la discordia. El intendente, Germán Alfaro, el lunes, responsabilizó directamente al gobernador, Osvaldo Jaldo, por la “decisión unilateral” de retirar los agentes provinciales de las dependencias de la intendencia. Aseveró que la Policía invoca una deuda municipal, que atribuyó a las demoras burocráticas de la propia Provincia para efectuar las liquidaciones, reclamó que no haya mediado una intimación de pago antes del corte de servicio y, finalmente, disparó políticamente sobre Jaldo. “Estas son las cosas que muchas veces suceden cuando alguien que no está en condiciones ni capacitado para ejercer el Gobierno tiene un sillón prestado y no logra acomodarse”, arremetió.
Jaldo no escatimó munición en su respuesta. “Que intente pagar y ponerse al día”, fue el mensaje del lunes. Ayer volvió a la carga. “El intendente de la capital se tiene que calmar un poquito. Está muy nervioso. Está desconocido”, afirmó. “Se tiene que dedicar a los problemas de San Miguel de Tucumán, como lo hago yo todos los días con la Provincia. “Nunca se hizo cargo de la salud; nunca se hizo cargo de la seguridad; nunca se hizo cargo de la producción; nunca se hizo cargo de las calles de la capital; nunca se hizo cargo de absolutamente de nada, de sus obligaciones principales”, expresó en la Casa de Gobierno.
El contraataque no se hizo esperar (la campaña es “minuto a minuto”). “Lamento que el gobernador haya decidido hacer política con la inseguridad de los tucumanos”, redobló Rodolfo Ocaranza, secretario de Gobierno de la Municipalidad.
“Súbditos”
“Dirige la provincia cual patrón de estancia y trata a los tucumanos casi como si fueran súbditos, y no ciudadanos con derechos. Por eso, en aquellos lugares donde le rinden pleitesía, mantiene los servicios de seguridad; al resto, prácticamente los abandona a merced de la delincuencia. En este caso, hace mucho que la Provincia se desatendió de la seguridad de los capitalinos, la cual es de su exclusiva responsabilidad, según lo indica la Constitución”, puntualizó Ocaranza.
“Pareciera que para el Gobierno, la Capital no es parte de la Provincia”, enrostró el secretario político en diálogo con LA GACETA.
“En el municipio trabajamos de frente y sin pausa, pese a los intentos por perjudicar a la ciudad. Con los tributos de la gente acabamos de abrir un Centro de Monitoreo de última generación, y aunque la seguridad no es responsabilidad de la Municipalidad sino del Estado provincial, nos ofrecemos a colaborar con el registro de imágenes para la Justicia y también con el Ejecutivo Provincial. Lo llamativo es que el Gobierno gasta millones en publicidad para anunciar la entrega de móviles policiales, o lanza leyes que comprometen a los tres Poderes en contra del narcomenudeo, y se niega a garantizar la seguridad en oficinas públicas”, contrastó.
