Por Gustavo Rodríguez
28 Mayo 2022
EL CASO. El cura de la Iglesia de Simoca afronta dos investigaciones. la gaceta / foto de Ines Quinteros Orio
El obispo de Concepción, José Antonio Díaz, anunció que se investigará al padre Pablo Valdez después de haber sido acusado de abuso sexual. Esa pesquisa se desarrollará de manera paralela a la que está realizando el fiscal Marcelo Leguizamón. “En la Iglesia existe tolerancia cero para este tipo de casos tan dolorosos”, explicó el padre Martín Aversano, especialista en derecho canónico.
El caso se conoció el lunes, cuando la familia de una adolescente de 17 años se presentó en la iglesia Nuestra Señora de la Merced, frente a la plaza principal de Simoca y, al grito de “¡violador, violador!” le propinó una golpiza al cura. La primera versión que trascendió fue que, tras una discusión en casa, la adolescente había salido anunciando que se iría a vivir con el párroco. Eso, sumado a largas ausencias de la chica y a que pasaba mucho tiempo en el templo, había llevado a pensar a su familia que el religioso estaba manteniendo una relación con ella.
Leguizamón inició una investigación por presunto abuso sexual, pero hasta el momento no sumó indicios para imputarle ningún delito al sacerdote. Espera que la adolescente sea entrevistada en Cámara Gessel para definir su situación procesal. Mientras tanto, el obispo Díaz ordenó que sea investigado por haber violado el sexto mandamiento.
“Dentro de la tradición de la Iglesia este mandamiento ha sido interpretado como una norma que va más allá del adulterio y que protege el respeto de la integridad sexual de las personas y la santidad con la que se debe vivir la sexualidad como fuente de la vida y como expresión de íntima comunión. Comunión que debe ser vivida en amor auténtico, sincero, fiel y respetuoso del otro, así como del propio cuerpo”, explicó Aversano.
El especialista indicó: “el Derecho canónico sanciona a aquellos clérigos sobre todo que, con violencia, amenazas o abuso de su autoridad, cometan un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo u obliga a alguien a realizar o sufrir actos sexuales. Pero la norma es más severa si el delito es cometido contra un menor, y la ley canónica considera menor a toda persona que no haya cumplido 18 años”.
El sacerdote explicó que en estos procesos se realiza una investigación previa para recolectar testimonios y pruebas, a fin de verificar si tal acusación configura una tipología delictiva, o es una calumnia. “Si se llegase a comprobar que las acusaciones son verosímiles se inicia en el fuero eclesial un juicio penal que tiene rasgos similares a los que se realizan en el poder judicial”, aclaró.
Aversano comentó además que las penas para estos delitos se endurecieron en los últimos 20 años. “Se trata de una continuidad homogénea y coherente desde Juan Pablo II, pasando por Benedicto XVI con la promulgación del Nuevo Derecho Penal Eclesiástico que entró en vigencia el 8 de diciembre de 2021. Las penas canónicas en los casos más graves no sólo implican la privación de un oficio eclesiástico, sino incluso la pérdida perpetua del estado clerical”, informó.
El religioso explicó que existe un solo antecedente en nuestra provincia. Y se trató del caso del padre Justo Ilarraz que fue condenado a 25 años de prisión en Entre Ríos por abuso de menores y corrupción de menores. El sacerdote, se desempeñaba en la parroquia Sagrado Corazón de Monteros, también fue penado por la Iglesia. “Monseñor Carlos Sánchez emitió, hace casi dos años, en la Arquidiócesis de Tucumán, un protocolo de actuación para personas responsables de menores que deben conocer y suscribir obligatoriamente todos los sacerdotes, religiosos, docentes, catequistas y animadores parroquiales. Son criterios para la prevención y actuación en caso de situaciones de presuntos abusos y en los casos confirmados”, detalló. “Si bien las normas no crean la realidad, el énfasis que la autoridad eclesiástica viene poniendo en estos temas está calando en la conciencia de la Iglesia en todos sus niveles”, añadió.
“La Iglesia, como ya lo dije, no sólo hay tolerancia cero, sino que además se fomenta una abierta cooperación de toda la Iglesia, sin tapar nada, con los tribunales penales del Estado para que pueda salir a la luz la verdad y hacerse justicia. Tal actitud es la que refleja muy claramente el comunicado de prensa emitido por monseñor Díaz”, finalizó.
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