El Estado no debe incentivar la drogadicción

Sinónimo de destrucción. Hace unas décadas, generalmente, los adultos de las clases altas tenían acceso a ella por una cuestión económica. Con el tiempo, su consumo se fue horizontalizando hasta el punto de haberse instalado en la sociedad y sus víctimas preferidas son los jóvenes y adolescentes. Más allá del daño a la salud, la drogadicción tiene otras consecuencias peligrosas, como desembocar en la delincuencia. Aquellos que carecen de dinero para comprarles a los distribuidores roban y bajo el efecto de los estupefacientes son capaces de matar.

El domingo, en un festival musical, la Dirección de Políticas para Juventudes de la Municipalidad de Morón distribuyó un volante en el que se brindaban consejos en el caso de consumir sustancias ilegales. “Si vas a consumir tené en cuenta estos consejos: cocaína/pastillas: andá de a poco y despacio. Tomá poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo. Si te detienen, tenés derecho a un abogadx”. Respecto de la marihuana decía: “Porro: mejor flores. Conseguilo de fuentes confiables”. La condena de un sector de la dirigencia nacional no tardó en hacerse pública, luego de que este volante se viralizara en las redes sociales. Ante el aluvión de críticas el intendente de Morón dijo que el municipio “no alienta el consumo” de drogas, sino que “da información y promueve ámbitos de debate para sacar el tema del territorio de lo tabú”. Ayer, un abogado y un diputado denunciaron penalmente al intendente por promover el consumo de drogas.

Es, por cierto, grave que el Estado, que debe educar a la población acerca de los riesgos del consumo de estupefacientes y combatir a los distribuidores y narcotraficantes, se dedique a dar recomendaciones a quienes deseen drogarse e incluso a aquellos que ni siquiera se les ha pasado por la cabeza hacerlo.

La intervención de la Justicia es fundamental para avanzar en la lucha contra el narcomenudeo y el narcotráfico.

Tucumán cuenta desde 2014 con la Ley 8.664, que debía entrar en vigencia el 1 de marzo de 2015, sin embargo, una acción declarativa de inconstitucionalidad, impulsada por el Ministerio Público Fiscal derivó en una medida cautelar que congeló la aplicación de la norma. En agosto de 2019, la Legislatura sancionó la Ley 9.188, que replicaba el contenido de la aprobada en 2014, con el agregado de otros institutos. Pero un año después, la Corte frenó la puesta en vigencia de esta norma, nuevamente a instancias de una acción del Ministerio Público Fiscal.

Se argumentó nuevamente que en Tucumán no estaban dadas las condiciones (presupuesto, lugares de detención, cantidad de fiscales) para que la Justicia provincial asumiera la competencia en materia de narcomenudeo. Finalmente, en estos días, la Corte levantó la medida cautelar que frenaba la implementación de esta ley. La norma permite que la Justicia provincial, y no la federal, sea la que tenga competencia en los casos de venta de drogas ilegales al menudeo en el ámbito de Tucumán.

Estos ocho años de mora para la implementación de una herramienta muy necesaria, pone en el tapete una vez más si realmente a la clase dirigente le interesa combatir con energía este flagelo y si hay intereses ocultos que impiden avanzar en esta lucha. Nos parece esencial diseñar una política de Estado integral que incluya la educación, la salud, la justicia y la seguridad, para enfrentar a esta enemiga de la sociedad. Mientras persistan las vacilaciones y la falta de acciones efectivas, la vida de una buena parte de nuestros chicos seguirá destruyéndose.