15 Agosto 2021
Casi seis meses después de que un tribunal encontrara penalmente responsable a A.N.S (tenía 17 años al momento del hecho) del crimen de su novia de 16 años, D.A.A, el juez Federico Moeykens pudo darle la pena de 15 años de prisión. La demora se debió a que faltaba que un profesional de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf) explicara un informe final sobre la situación y conducta del joven condenado. Una situación idéntica que habría demorado al menos 20 causas y que, según explicaron en la Justicia, empañaba la celeridad del nuevo sistema judicial en lo que a causa de menores respecta. Según informaron fuentes judiciales, esos trámites pendientes comenzaron a solucionarse en los últimos días.
El crimen
El 23 de agosto de 2019, según se determinó en juicio, la víctima estaba en casa de su novio, en barrio ATE, cuando el menor le disparó en el pómulo con una pistola. Tras el hecho, el acusado huyó del lugar con el arma, que nunca fue encontrada.
Familiares de A.N.S, quien fue capturado días más tarde por la Policía, llevaron a la adolescente agonizante hasta el CAPS de barrio San Martín donde falleció por la gravedad de la lesión. Algunos testigos dijeron que las personas que la habían llevado no se quedaron a acompañar a la víctima en el centro asistencial.
Para el fiscal Carlos Sale, de Homicidios II, D.A.A estaba inmersa en una relación violenta con el acusado, los padres de la menor apoyaron esa teoría y declararon en el juicio que la chica no podía ver a sus amistades y que, a veces, ni siquiera a sus progenitores. El investigador subrayó que hubo dolo e imputó a A.N.S por homicidio agravado por el vínculo, por mediar violencia de género y por el uso de armas de fuego.
Como indican las normas, la condena contra un menor se resolvió en dos partes. En el juicio, los jueces Dante Ibáñez, Fanny Siriani y Judith Solórzano compartieron la hipótesis fiscal, rechazando así la teoría de la defensa que reconocía la responsabilidad del acusado pero no así que se hubiera tratado de un hecho intencionado. Así, en un primer paso, el tribunal determinó la responsabilidad penal del acusado en homicidio triplemente agravado.
La segunda etapa
Según estaba previsto, una semana después de ese fallo se realizaría una audiencia en la que un profesional de la Dinayf leería un informe final sobre la situación del condenado. Con base en ese último paso, un juez de Familia debía resolver la graduación de la pena.
La lectura de ese informe socioeducativo se realizó el viernes 13 de agosto. El fiscal Sale, tras escuchar el análisis del profesional de la Dirección de Niñez, solicitó 15 años de prisión para el sentenciado. La defensa, que no había tenido éxito en su apelación al fallo condenatorio de febrero, alegó que A.N.S. estaba resocializado y pidió la absolución. La Defensoría de la Niñez, en cambio, sólo pidió que la condena de años fuera más baja.
Los padres de la adolescente también pudieron expresarse nuevamente en esa audiencia. La pareja remarcó el dolor de la pérdida irreparable y sintetizó que ambos confiaban en la Justicia.
Finalmente, tras escuchar a las partes, el juez Federico Moeykens dio lugar al pedido de 15 años de pena, una de las más altas en cuanto a lo que la ley permite en contra de un menor. “No ha mostrado (el condenado) hasta el momento de la sentencia signos reales de arrepentimiento o internalización subjetiva del aberrante hecho por el que había sido considerado culpable”, consideró el magistrado, que además remarcó que la víctima estuvo en un estado de doble vulnerabilidad ante el agresor, por su condición de mujer y menor de edad.
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