Por Álvaro José Aurane
07 Julio 2021
JURISPRUDENCIA. El fiscal general citó dos casos que reivindican la competencia federal para investigar el caso.
El fiscal federal general Antonio Gustavo Gómez interpuso un recurso de casación contra la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de remitir a la Justicia provincial la causa por presunto atentado a la salud pública contra el legislador Ricardo Bussi. El jefe de los fiscales federales de Tucumán sostiene en su escrito de 27 fojas que si el presidente de Fuerza Republicana ha violado normas sanitarias al asistir a una sesión parlamentaria cuando presentaba síntomas de covid-19, la transgresión se da contra disposiciones de la Nación y afecta la situación epidemiológica del país. Para que el Ministerio Fiscal de la Nación pueda investigarlo, el expediente -alegó Gómez- debe quedar dentro de su jurisdicción.
La causa llegó al fuero federal porque el fiscal provincial Carlos Picón remitió la denuncia que había sido presentada por el abogado Emilio Mrad. Según el letrado, Bussi acudió a la sesión de la Legislatura del 17 de marzo de 2020, tras sus vacaciones en Brasil, pese a que “conocía” que tenía síntomas compatibles con coronavirus y podía contagiar.
Al día siguiente, el Siprosa le practicó un hisopado. El análisis, realizado en el Instituto Malbrán, dio positivo. Luego, durante el proceso, la defensa de Bussi planteó que él no había contraído coronavirus y presentó dos estudios de laboratorios privados tucumanos que daban cuenta que ni él ni su entorno familiar se habían contagiado de Covid-19.
Al opositor le imputaron la presunta comisión de conductas previstas por los artículos 202 y 205 del Código Penal, vinculadas con delitos de propagación de enfermedades peligrosas, y con la violación de las medidas para conjurar la propagación de epidemias.
El 30 de diciembre, el juez federal Fernando Luis Poviña dictó el sobreseimiento del legislador. Ese fallo fue apelado por el fiscal federal Carlos Camuña, quien objetó que Bussi ni siquiera fuera convocado a indagatoria.
El 23 de junio pasado, la Cámara declaró la incompetencia del fuero federal para entender en la “materia” del caso.
Los argumentos
“La posible comisión del delito tipificado por el artículo 202 y por el 205 del Código Penal, debido al incumplimiento de las medidas dispuestas por el DNU 260/2020 para prevenir la propagación del Covid-19, trastoca el interés del Estado Nacional en razón de la materia. La inaplicabilidad pone en jaque el sistema delineado para el abordaje y tratamiento de la compleja situación epidemiológica nacional”, subrayó el fiscal federal general.
“Los comportamientos individuales de los diagnosticados como portadores del coronavirus comprometen seriamente el sistema de salud nacional dado que el virus causante de la pandemia es de altísima transmisibilidad -argumentó Gómez-. La gravedad de la situación conllevó a que el Estado Nacional haya comprometido un presupuesto económico sin precedentes para el montaje de estructura terapéutica y la compra de vacunas. La violación de alguna de las normas sanitarias se traduce una afectación del interés federal que radica justamente en la preservación del bien jurídico (que es la) salud pública”.
Para reivindicar que la causa debe quedar en la órbita federal, Gómez manifiesta que consentir la declaración de incompetencia dictada por la Cámara Federal de Tucumán “constituiría una flagrante vulneración a la garantía de juez natural, al derecho de defensa en juicio y el debido proceso, puesto que la pesquisa discurriría por un carril procesal ajeno al fuero federal. En consecuencia, se privaría al Ministerio Fiscal de impulsar las medidas investigativas para determinar el tenor factico de la denuncia y asignar la responsabilidad penal”.
Gómez, además, cita como jurisprudencia que respalda su demanda de mantener la causa en la Justicia federal dos casos. Uno es la causa “Cubelos”, sobre falsificación de un permiso de circulación. “La sentencia del 16 de julio de 2020 confirmo la declaración competencia federal para sustanciar la pesquisa”, recordó.
El otro es la causa “Galiano”, sobre la presunta violación de normas sanitarias del imputado cuando ingresó a San Juan procedente de Mendoza. El tribunal de casación determinó que “debe tenerse en consideración la naturaleza federal del delito previsto y reprimido en el artículo 205 del Código Penal”.
Consultada por LA GACETA, la defensa de Bussi anticipó que hoy presentará su propio recurso de casación contra la resolución de la Cámara Federal de remitir la causa a la Justicia provincial.
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