La Corte ratifica que Pisa carece de escollos disciplinarios para jubilarse

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán confirmó que Juan Francisco Pisa, el juez con siete pedidos de destitución suspendidos en la Legislatura, reúne las condiciones para que el erario provincial le siga pagando el sueldo hasta que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) le liquide un haber previsional con el beneficio del 82% móvil que superará los 
$ 300.000. La Acordada 282/21 especifica que Pisa dispone de un legajo laboral impecable. “Según el sistema informático de la Secretaría de Superintendencia, el juez no registra medidas disciplinarias o sumarios administrativos pendientes”, expresa el instrumento que lleva la firma de la presidenta Claudia Sbdar, y de sus pares Antonio Daniel Estofán, Daniel Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos. A partir del 1 de septiembre, Pisa encabeza uno de los dos juzgados encargados de controlar las investigaciones remanentes del antiguo sistema procesal penal: antes y desde 2004 fue titular del Juzgado de Instrucción en lo Penal N°3 de esta ciudad.

La Corte emitió el acto administrativo luego de que el Poder Ejecutivo la notificara de que el gobernador Juan Manzur y la ministra Carolina Vargas Aignasse habían aceptado a Pisa la renuncia condicionada al otorgamiento de la jubilación excepcional prevista en la ley para reconocer los servicios de la magistratura. Ese decreto suspendió durante 60 días hábiles la decisión respecto de las solicitudes de expulsión que enfrenta Pisa en la comisión legislativa de Juicio Político por su desempeño en una de las 13 causas penales promovidas por la víctima Paola Tacacho (ya habría pasado casi la mitad del plazo).

El 5 de junio de 2017, el juez desestimó el requerimiento de juzgamiento del femicida Mauricio Parada Parejas por supuesta desobediencia judicial a una restricción de acercamiento favorable a Tacacho impuesta por el magistrado Alejandro Tomas en mayo de 2016. El 30 de octubre de 2020, Parada Parejas asesinó a la profesora de Inglés en la vía pública y, luego, se quitó la vida.

Al día siguiente del femicidio de la joven oriunda de Salta, Sbdar abrió una auditoría para deslindar responsabilidades. Pero en noviembre los vocales informaron que la investigación no podía avanzar porque las causas de Tacacho estaban en poder del Ministerio Público Fiscal. En diciembre y tras una audiencia con representantes de los familiares de la víctimas, la Corte reiteró el pedido. El 26 de febrero, dos días después de la aceptación de la dimisión de Pisa, el Ministerio Público Fiscal -lo encabeza Edmundo Jiménez, quien está de licencia hace un año- comunicó en un parte de prensa sin firma que la información peticionada era “de interés exclusivo de los parientes” de Tacacho.

Ante la falta de acceso oficial a los casos demandados, la Corte optó por profundizar el análisis de expedientes similares de violencia de género y doméstica radicados en dos despachos: el de Pisa (ex N°3) y el N°5, que estuvo acéfalo hasta comienzos de 2019, cuando asumió la jueza Carolina Ballesteros. Los resultados de esta pesquisa interna revelaron anomalías en otros procesos de Pisa, según expusieron los vocales en la Acordada 181 dictada el 8 de marzo. La posibilidad de que haya más casos “Tacacho” llevó a Sbdar, Estofán, Posse, Leiva y Rodríguez Campos a disponer una nueva ampliación de la auditoría. En cuanto al ex Juzgado N°3, el alto tribunal admitió que hacía falta más información para entender cómo Pisa fiscalizó las pesquisas relativas a maltratos de mujeres. Ocurre que el jefe de los auditores penales, Luis Lezana Flores, afirmó que la base de datos del despacho no era confiable, y que este estaba “procesal y funcionalmente anquilosado”. Ocho días más tarde, la Corte Suprema dio el visto bueno administrativo a la jubilación de Pisa.

El juez presentó su dimisión condicionada a Manzur dos semanas antes del femicidio y mientras estaba en el centro de la escena institucional por la tramitación de la denuncia de supuestas presiones que el ex camarista Enrique Pedicone -fue destituido en febrero- formuló contra el vocal Leiva. A finales de diciembre y en el descargo remitido a los legisladores de Juicio Político, Pisa defendió su actuación en el caso de Tacacho que le tocó en suerte: dijo que en este supuesto de posible violación de una orden judicial de alejamiento la víctima era la administración pública y que, más allá de que no existían pruebas para enjuiciar a Parada Parejas, este no iba a ir preso. Además, el juez cuestionó al fiscal Diego López Ávila por no haber presentado a Tacacho como “víctima mujer vulnerable” ni apelado el sobreseimiento, y exigió que “cesara la extorsión” contra Manzur y que los restantes magistrados que intervinieron en las causas de la docente sean sometidos a idéntico escrutinio.