18 Enero 2021
PREPARADOS. Una férrea custodia se instalará en la Casa Blanca. REUTERS
A días de que Joe Biden asuma como presidente de Estados Unidos, Washington amaneció blindada. Desde la Guardia Nacional destinaron 21.000 soldados, provenientes de trece estados, para desplegar el operativo de seguridad que tendrá como prioridad el cuidado de la Casa Blanca y el Capitolio ante posibles actos de terrorismo doméstico, durante la ceremonia de investidura presidencial.
El servicio secreto, que se encarga de coordinar la seguridad del evento, anunció que ese día se cerrarán avenidas y estaciones de metro con el fin de permitir el flujo de uniformados que protegerán la ciudad.
La instrucción que recibieron en las últimas horas los hombres y mujeres de la fuerza de seguridad es que pueden hacer uso de sus armas si lo consideran pertinente, dejando en evidencia el nivel de tensión que se vive en la capital norteamericana tras la toma del Capitolio, el pasado 6 de enero.
En relación al operativo, el director del FBI, Christopher Wray, aseguró: “estamos preocupados por los riesgos de violencia durante las numerosas manifestaciones previstas en los próximos días en Washington y frente a los edificios gubernamentales en los estados”.
Según la agencia de seguridad, un grupo armado, que podría cautivar a cientos de simpatizantes de Donald Trump, se prepara para asaltar edificios gubernamentales en los 50 estados de Estados Unidos y en la capital en los próximos días.
En la actual administración de gobierno, la toma del Capitolio se convirtió en el momento más dramático. En ese mismo lugar, el miércoles se votó a favor de iniciar un juicio político para destituir al mandatario actual por “incitación a la insurrección”. Poco después de que se conociera el voto en su contra, Trump emitió un escueto video haciendo un llamado a que cese la violencia. El presidente saliente llamó a sus seguidores a la calma: “pido que no haya violencia, no se cometan delitos y no haya vandalismo”, dijo.
Las agencias de seguridad en Estados Unidos investigan también la participación de agentes de la policía, de exmilitares y hasta de bomberos retirados en los actos de violentos ocurridos en la Cámara de Representantes. De acuerdo con el inspector general, se revisarán los protocolos y las políticas del Departamento de Justicia para establecer si la comunicación fue eficiente y dónde estarían las fallas que impidieron controlar la turba.
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