11 Enero 2021
Algo tan literalmente natural como el cauce de un río, y tan materialmente real como la falta de alternativas camineras, había convertido el acceso a la Justicia en una complicación ya no sólo de índole legal sino fundamentalmente geográfica para numerosos vecinos de varios pueblos del interior. En rigor, la jurisdicción que los abarcaba era el Centro Judicial de Monteros, pero era el Centro Judicial de Concepción el que les quedaba más cerca. Y por varios kilómetros.
La Ley 6.238 dividió las jurisdicciones del interior provincial teniendo en cuenta el mapa político de Tucumán, es decir, su división departamental. Y, a la hora de delimitar el territorio de incumbencia del Centro Judicial de Monteros y el de Concepción, tomó departamentos enteros. Esto representó un verdadero trastorno para los comprovincianos que viven al sur del río Seco, que debían realizar largos viajes para ir hasta la ciudad de la “Rosa de Abolengo” y que, paradójicamente, antes debían pasar por la “Perla del Sur”.
Antes de que terminara 2020, la Legislatura enmendó esta situación. La Cámara acogió la iniciativa del alfarista Raúl Albarracín y corrigió los límites jurisdiccioneles de Monteros y Concepción. El nuevo “mojón” para establecer la frontera, justamente, es ahora el cauce del Rio Seco.
La solución, ejemplifica el parlamentario opositor, se puede apreciar en que los habitantes de la localidad de Ciudacita, con la anterior ley, pertenecían a la jurisdicción del Centro Judicial de Monteros, del cual se encontraba a 55 kilómetros. Con la nueva norma, se encuentran dentro de la competencia del Centro Judicial de Concepción, que se encuentra a 29 kilómetros. Prácticamente, la mitad de la distancia. La situación, sostiene el parlamentario radical, es similar para las localidades de Monteagudo y Santa Cruz, que también reducen en alrededor de un 50% las distancias de sus recorridos hacia el Centro Judicial de la “Perla del Sur” con respecto a la institución.
Otras localidades del sur tucumano que se ven beneficiadas son las de Atahona, Villa Chicligasta, El Jardín, Balderrama y Nueva Trinidad. “Con esto, el acceso a la Justicia se producirá de forma más sencilla, y los habitantes, quienes en muchas ocasiones carecían de medios económicos o de transporte para acceder a los centros judiciales correspondientes, se verán sumamente beneficiados a la hora de realizar presentaciones en el Poder Judicial”, argumentó Albarracín.
Justamente, entre los fundamentos de la iniciativa que fue sancionada por la Legislatura se destaca hay un factor económico determinante para ajustar los límites jurisdiccionales. “Si bien la distancia en sí no impide el acceso a la justicia, muchas veces resulta ser un obstáculo insuperable para los tucumanos de la zona que no poseen recursos económicos para realizar los traslados. Con esta nueva distribución de jurisdicción estamos dando un paso más hacia una justicia accesible y equitativa”, sostiene el “espíritu” de la norma.
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