Aprobarán pliegos y reformas en el Código Procesal Penal - LA GACETA Tucumán

Aprobarán pliegos y reformas en el Código Procesal Penal

La oposición considera que no fueron adecuados los procedimientos por los cambios Maggio fue propuesto por el Ejecutivo como juez del Tribunal de Impugnación, candidatura que cosechó una docena de objeciones.

06 Ago 2020 Por Martín Soto
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MAGGIO. Hubo numerosos pedidos de impugnación de su postulación. la gaceta / foto de Ines Quinteros Orio (archivo)

Debido al incremento de casos de coronavirus en la provincia, el titular de la Legislatura, Osvaldo Jaldo, y los presidentes de los distintos bloques acordaron que la sesión de hoy, convocada para las 8.30, será lo más breve posible. Y aunque se estableció un orden del día “de baja conflictividad”, la polémica promete no estar exenta en lo que será la octava vez que los legisladores vayan al Recinto desde que se decretó la emergencia sanitaria.

Distintas herramientas para la Justicia se destacan en un temario que cuenta con una veintena de puntos. Entre ellas, están la designación de cinco magistrados que fueron preseleccionados mediante concurso por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y escogido por el gobernador Juan Manzur. Uno de ellos es el magistrado Facundo Maggio (42 años), concursante para el cargo de juez del Tribunal de Impugnación de Capital.


Planteos en contra

El actual titular del Juzgado de Instrucción de la II Nominación del Centro Judicial de la Capital (CJC) recibió una decena de pedidos de impugnación en contra, de letrados particulares y de distintas organizaciones de derechos humanos de Tucumán. Incluso, legisladores como Federico Masso (Libres del Sur) y José María Canelada (UCR) se expresaron en contra del nombramiento. Ambos remarcaron que Maggio es sobrino político de Edmundo Jiménez, ministro fiscal, y que actuó como defensor de acusados de crímenes de lesa humanidad.

Además del pliego de Maggio, que llega también un con dictamen de minoría en contra, estarán en consideración las designaciones de: Carlos Santiago Caramuti (64), candidato a juez del Tribunal de Impugnación en el CJC; César Gabriel Exler (42), para el cargo de juez del Trabajo en el CJC; Carlos Mariano Delgado (41), como Defensor Oficial Penal de la II Nominación en Concepción; y Sandra Alicia González (46), candidata a ocupar el cargo de jueza de Primera Instancia del Trabajo en el CJC.

Otros de los temas que se tratarán en el Recinto serán más de 40 modificaciones solicitadas por la Justicia al Código Procesal Penal (CPP), Ley 8.933, que se aplica en el Centro Judicial de Concepción y que entrará en vigencia en Capital desde el 1 de septiembre.


Disyuntiva

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, el oficialista Javier Morof, aseguró que tratan de correcciones que se jueces y fiscales han ido hallando en el nuevo sistema adversarial, que se puso en marcha en el sur en 2019. Además, para la aplicación del CPP, se crearán 15 cargos de jueces: ocho en Fuero Civil y Comercial de Capital y siete jueces penales que integrarán el Colegio de Jueces de Capital.

Canelada y Nadima Pecci (Fuerza Republicana), que integran la comisión, coincidieron en que las modificaciones son necesarias para la aplicación del CPP, pero cuestionaron la metodología. Ambos aseguraron que les entregaron los proyectos apenas unas horas antes de la reunión de comisión. “Institucionalmente me parece una falta de respeto que la Corte Suprema nos diga que aprobemos esto, sin el tiempo suficiente de debate. Es generar suspicacias por hacerlo a las apuradas”, dijo Pecci, y adelantó que su bloque no acompañará.

El radical, por su parte, señaló que no les acercaron un informe donde se justifique el motivo de los cambios. A su vez, recordó que la ley establece que estas modificaciones deben pasar por una comisión de seguimiento interpoderes, algo que no ocurrió.


Más temas

En el orden del día figuran también con dictamen el convenio para la ejecución de la obra de acceso a Trancas, mediante un convenio con Vialidad Nacional; incluir como contravención la divulgación de desinformación (fake news) y penarlo con hasta 30 días de arresto; dos expropiaciones: una en Los Sosa y otra en San Pedro de Colalao (se hará una terminal); la preferencia de contrataciones locales en licitaciones; y la regulación de cámaras de vigilancia, entre otros.

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