10 Junio 2020
El Gobierno pondría en vigencia la nueva ley antimotoarrebatos la próxima semana. Así lo informó ayer el legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse, uno de los impulsores del plan de seguridad provincial, junto con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Tras la sanción en la Legislatura, se espera que en Casa de Gobierno se termine de dar forma a la norma, en el marco del procedimiento de reglamentación y publicación en el Boletín Oficial. El texto debe tener el visto bueno de la Secretaría de la Gobernación, de la cartera de seguridad y de la Fiscalía de Estado.
Según la disposición, dos personas mayores no podrán circular en una motocicleta durante las 24 horas, excepto que se presente un permiso especial que otorgará la Policía. Están previstos 120 controles por día en la capital, en un primer momento. Los operativos serán móviles y estarán a cargo de la Policía provincial y las fuerzas federales. El lunes, en un primer ensayo, personal de la Policía Federal (PFA) y Gendarmería Nacional (GN) realizó un control en el puente Lucas Córdoba, en Banda del Río Salí. Allí inspeccionaron la documentación de tránsito y si los conductores tenían antecedentes penales.
“Lo importante es que un familiar y un menor no están encuadrados en la restricción de circular. Con esta ley no se plantea una persecución al trabajador. Al contrario, se va a cuidar al trabajador. Un delincuente no va a registrar sus datos en la página del Ministerio de Seguridad para sacar el permiso de circulación para dos ocupantes. Sí, una persona que cumple con todas la reglas. Por eso se pide la autorización de tránsito de la Policía”, expresó Vargas Aignasse. La ley contempla que el motociclista puede solicitar un permiso especial para transitar con un acompañante por cuestiones laborales y especiales, como la salud, entre otros requerimientos.
“Lógica errónea”
El legislador José Ascárate volvió a cuestionar ayer este programa de seguridad. “La lógica de la ley es errónea: si voy en moto, soy un probable motochorro. En Colombia y en AMBA (zona metropolitana de Buenos Aires) se han implementado normas similares que no han sido una herramienta para solucionar el problema”, remarcó el parlamentario opositor.
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