Según el Ersept, el DNU fija la excepción de corte de servicios

El martes pasado, la Legislatura aprobó una resolución que solicita al Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersept) una “amplia interpretación” del decreto nacional 311/2020 -al que también adhirió la Provincia-, a través del cual se suspenden por 180 días los cortes en los suministros de energía eléctrica, agua, red de gas, telefonía fija o móvil, entre otros servicios esenciales.

Si bien el instrumento firmado por el 24 de marzo por el presidente, Alberto Fernández, establece cuáles son los beneficiarios de la medida de emergencia, adoptada en el marco de la pandemia de covid-19, el objetivo de los legisladores -quienes sancionaron la iniciativa por unanimidad- era que se alcanzara a la mayor cantidad posible de usuarios, tanto residenciales como del ámbito privado, por entender que casi la totalidad de los sectores se están viendo afectados por el impacto de la crisis epidemiológica.

LA GACETA le consultó al titular del Ersept, Santiago Yanotti, sobre la posibilidad de que se implemente la resolución legislativa. Pese a que aún no había sido notificado sobre el contenido del texto, el abogado señaló los límites que tiene el ente de contralor. “El alcance en la suspensión de cortes está claramente explicitada al decreto nacional (ver detalle apare), donde están detallados cuáles son los usuarios incluidos y cuáles no. De todas maneras, lo que estamos haciendo es gestionar todos los pedidos y reclamos de cualquier tipo de servicios, al margen de que originalmente el Ersept tiene competencia en materia de agua y electricidad, pero también estamos trabajando con otros rubros, girándolos además a la autoridad competente, para que la ciudadanía tenga rápidamente acceso”, indicó Yanotti.

En el debate del martes pasado, legisladores del oficialismo y de la oposición se habían mostrado a favor de que el DNU de Fernández -replicado por el gobernador, Juan Manzur, y ratificado en esa sesión- tuviera una “interpretación amplia” por parte del Ersept. De hecho, el radical José Ricardo Ascárate, opositor a la gestión justicialista, había resaltado las declaraciones del propio Yanotti en el sitio web oficial del Gobierno, luego del anuncio del decreto presidencial.

“La postergación de la obligación de pago es para todos los usuarios residenciales de Tucumán e incluso para las empresas. Para los que no puedan pagar por medios digitales o que necesiten preservar ese dinero para otras necesidades más urgentes, se prorrogó para 15 días después del 31 de marzo el pago de estos servicios. Esto incluye a todos y fue hecho por sistema. A nadie se le debería cortar el servicio”, había dicho el abogado días después de dictado el DNU.

Con la normativa vigente, Yanotti aclaró cuáles son los alcances. “No podemos ir más allá de lo que dispone el decreto nacional”, insistió. En ese contexto, indicó que están intercediendo ante “las empresas prestatarias para evitar los cortos”, además de “generar los planes de pago que el decreto también establece, con posibilidades de financiamiento accesible”.

Entre otras medidas, explicó el titular del Ersept, se gestionó ante las adjudicatarias de los servicios que se sostenga la provisión en barrios de alta vulnerabilidad. ¿Cómo se determinó esos sectores? “Se utilizó como guía el mapa de calidad de vida elaborado por el Conicet. Es un índice claro. Puede ser que haya algunos usuarios que no estén alcanzados por el DNU, pero se hicieron las gestiones para que no se corten los servicios allí”, detalló Yanotti. En ese sentido, consideró que “el decreto se está cumpliendo” en Tucumán. “Ante incumplimientos, hay mecanismos para que los usuarios hagan la denuncia”, agregó. Las vías no presenciales, explicó, son un número para mensajes de WhatsApp: 381-521-3884 (sólo mensajes); y una dirección de correo electrónico, [email protected].