25 Noviembre 2019
LETRADA. Peñafort, defensora de ex funcionarios, en una foto de archivo. TELAM
La abogada sanjuanina Graciana Peñafort comenta al pasar que los Tribunales Federales porteños conocidos como “Comodoro Py” (por la calle donde están situados) son “la capital nacional del lawfare”. Defensora de ex funcionarios kirchneristas imputados y activista en las redes sociales, Peñafort explica qué significa esta “guerra legal” en un diálogo por mensaje de texto.
-¿Qué se entiende en la Argentina por “lawfare”?
-No sé si hay una definición única. Diría que los que trabajamos el tema nos referimos a una persecución orientada hacia dirigentes políticos, sociales o sindicales que se realiza mediante la utilización espuria de las herramientas judiciales y una estigmatización mediática. En el lawfare lo primero que desaparece es la presunción de inocencia de la mano de la cobertura desequilibrada de las causas en términos periodísticos. Quien se ve involucrado en un caso de esta naturaleza es presentado ante la opinión pública como culpable.
-¿En qué medida esa idea de “contienda jurídica” está ligada al descrédito del Poder Judicial?
-Está ligada y mucho. Ese Poder Judicial intensamente politizado encuentra el fundamento de sus decisiones en una lógica de puro poder y no en la ciencia jurídica. La íntima convicción del brasileño (Sergio) Moro es un ejemplo paradigmático. La ley cede ante el poder. En una Justicia no politizada y prestigiosa, las falencias en la argumentación técnica no avanzan hacia instancias superiores.
-¿Cómo se sale de esta situación?
-Si lo supiera, ya lo estaría militando fuerte... Yo ordenaría nuevos juicios con una producción de pruebas que garantice el derecho de defensa. Si hay prueba, que los jueces condenen, si no, que absuelvan. Pero no pueden hacerse juicios con prueba recortada o dejada de lado. Esto vale tanto para la evidencia de la fiscalía como para la de las defensas.
-¿Qué implica una investigación saludable de los hechos que involucran a dirigentes políticos, sociales, sindicales y empresariales?
-Primero que nada, debe intervenir el juez natural: no mamarrachos como el forum shopping de los Cuadernos (del chofer Oscar Centeno). ¿Vos te das cuenta de la oportunidad que se perdió para investigar la cartelización de la obra pública? Segundo, una investigación saludable requiere de fiscalías que hagan su trabajo. Y aquí hago un especial hincapié en que no pueden los fiscales trabajar con la prensa al lado. Si hacen un peritaje, las partes deben ser notificadas antes que los diarios. Las detenciones no deben estar revestidas del carácter de espectáculo que han tenido. Los juicios deben hacerse con tiempos reglados y no según las necesidades políticas del momento. Creo que a los imputados debe dárseles el derecho a réplica sobre las acusaciones en los medios que cubran esas noticias. El debido proceso debe informar cada parte de los juicios y las sentencias deben ajustarse al texto de la ley. En definitiva, este tipo de pesquisas sensibles deben reunir y observar los mismos recaudos de los demás procesos.
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