Punto de vista: riesgos de un Poder Judicial 
sin autonomía

Juan Negri

Analista político - Profesor en las universidades Nacional San Martín y Torcuato Di Tella

El término lawfare ha ingresado con fuerza al léxico político latinoamericano. La palabra surge de la unión de los anglicismos law (ley) y warfare (involucrarse en una guerra), y hace referencia a la utilización de los mecanismos judiciales y legales para atacar a un oponente político.

En principio se podría considerar que la utilización del lawfare es una mejora si se lo compara con mecanismos que hasta no hace demasiado tiempo eran parte del repertorio político regional. En efecto, el empleo del sistema legal parece ser más positivo que recurrir a revoluciones, golpes de Estado o guerras civiles para dirimir las luchas de poder.

Asimismo, en un continente caracterizado por una débil institucionalidad y altos niveles de corrupción, la persecución de políticos inescrupulosos a través del sistema legal podría no ser una mala noticia. Por el contrario, puede ser la señal de que finalmente la corrupción será castigada. Para esta lectura, las quejas sobre una supuesta utilización del lawfare en realidad son el intento de políticos corruptos para eludir su responsabilidad y asegurarse la impunidad.

Sin embargo, para otras opiniones es precisamente esta utilización del sistema judicial y legal en contextos de baja institucionalidad lo que resulta polémico. Así, acusaciones sin fundamentos sólidos sumadas a sistemas judiciales poco transparentes llevan a abusos políticos inadmisibles. En este sentido, la denuncias en contra de Lula da Silva en Brasil; contra Cristina Fernández en Argentina o contra el ecuatoriano Rafael Correa son tácticas que buscan ventajas políticas mediante el armado de causas; de delitos poco comprobados y de jueces interesados o, incluso, corruptos. La reciente liberación del ex presidente Lula parece confirmar esta presunción: jueces partidistas lo habían encarcelado injustamente con el fin de obtener una ventaja política en las elecciones presidenciales de 2018 en aquel país a través de la marginación de la principal figura política de la competencia electoral. En la Argentina, por su parte, el abuso de la prisión preventiva (incluso en casos donde la fuga o el entorpecimiento de la investigación, que la justificarían, no eran tan evidentes) contra políticos kirchneristas también es evidencia de la utilización arbitraria del sistema judicial, es decir, de 
lawfare.

Efecto contrario al deseado

En esta línea argumental, iniciativas como la de “ficha limpia” que se discute en la Argentina y está vigente en Brasil (por la cual los candidatos condenados por corrupción en segunda instancia no pueden presentarse) terminan empoderando a los jueces como actores políticos; aumentando las arbitrariedades del proceso democrático y perjudicando sobre todo a los partidos que representan intereses populares. Esto último no es casual: son precisamente estos partidos (como el kirchnerismo en la Argentina o la fuerza de Correa en Ecuador) los que han intentado impulsar reformas tendientes a disminuir el poder de los jueces. De este modo, es natural que los destinatarios de este activismo judicial subjetivo sean aquellos partidos.

Es cierto que la lucha contra la impunidad es fundamental en las débiles democracias latinoamericanas. Sin embargo, la falta de autonomía del Poder Judicial hace riesgosa la utilización del sistema legal contra candidatos políticos. En situaciones donde los poderes judiciales son permeables a las presiones de los oficialismos y donde la estabilidad de la Justicia no está garantizada, la probabilidad de encontrarse con un proceso judicial plagado de arbitrariedades es muy alto. En estos contextos, la utilización del sistema legal en cuestiones políticas puede tener el efecto contrario al deseado. Lejos de limpiar el sistema político y luchar contra la corrupción, genera una guerra de presiones judiciales, aprietes y operaciones de inteligencia. Todo esto puede terminar favoreciendo mayores niveles de corrupción y distorsiones inadmisibles para el juego político democrático.