Por Irene Benito
25 Noviembre 2019
El anglicismo lawfare (se pronuncia “lo-fear”) quiere entrar a la lengua común para designar la aniquilación de los liderazgos populares mediante su desprestigio en la Justicia y la prensa. Este mes, el Papa Francisco aludió al lawfare con aquella acepción así como el presidente electo Alberto Fernández. La palabra sostiene el relato que postula la existencia de una “guerra judicial-mediática” contra la dirigencia antipática para los sectores conservadores. Esa “conflagración jurídica” ocurriría en los casos de corrupción.
El lawfare llegó a América Latina como reacción a la puesta en duda de las virtudes progresistas de la ola de gobiernos de izquierda. Esa noción considera que las denuncias de corrupción funcionan como fachada y excusa para la persecución ideológica. Beneficiarias de una bonanza económica excepcional, la mayoría de las administraciones latinoamericanas de comienzos de este siglo enfrenta cuestionamientos severos por el manejo del erario y los déficits de transparencia. El caso testigo de esa “peste” es el esquema transnacional de coimas en la obra pública que montó la firma brasileña Odebrecht.
El concepto de lawfare fue introducido en el país por figuras ligadas al kichnerismo, como el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Zaffaroni, y Rafael Bielsa, el ex canciller del presidente Néstor Kirchner y compañero de gabinete de Alberto Fernández. Bielsa escribió un libro sobre el tema junto a Pedro Peretti titulado “Lawfare. Guerra judicial-mediática. Desde el primer centenario hasta Cristina Fernández de Kirchner”. El jueves, en la presentación de esa obra, el presidente electo volvió a abordar el asunto mediante una nota que remitió a los autores. “La justificación de la difamación mediática con la complicidad de una parte del Poder Judicial atenta contra las democracias latinoamericanas”, dijo a la concurrencia al acto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
La idea de que el campo de batalla de la política ya no está en las urnas sino en la Justicia se asienta sobre la hipótesis muy arraigada de que no hay división de poderes ni independencia judicial, como advirtió Zaffaroni en una entrevista reciente con el portal El Destape. “Son viejas prácticas renovadas por la tecnología y el descaro (...). El reciente libro de Bielsa y de Peretti muestra que lo mismo pasa desde hace más de 100 años”, añadió el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El analista político Juan Negri consideró al fenómeno como un riesgo de la falta de autonomía del Poder Judicial (se informa por separado). Graciana Peñafort, abogada defensora de ex funcionarios públicos kirchneristas, y una de las oradoras en la presentación del libro de Bielsa y de Peretti, opinó que el lawfare deterioraba la garantía de la presunción de inocencia (se informa por separado).
Los detractores del lawfare apuntan que este supone otro intento de apagar la verdad y de consagrar la impunidad a partir de teorías conspirativas. En el centro del debate está el uso de la prisión preventiva mientras subsiste la prolongación irracional de las causas. Las condiciones de aplicación de este instituto fueron restringidas por el Congreso de la Nación durante este mes en aras de que la libertad sea la regla en el desarrollo del proceso penal. Esta era la ley vigente y sigue siéndola. El problema es que a las normas las interpretan los jueces y que a los jueces los eligen los políticos. Visto desde esta perspectiva, el lawfare enfrenta a la dirigencia con los efectos negativos de las instituciones judiciales torcidas y adictas que forjaron sin concebir la posibilidad de la alternancia en el poder.
Una voz que nació con acepción neutra
El término “lawfare” apareció en los Estados Unidos hacia 1950 para aludir al Estado de derecho como un medio para resolver conflictos sin un significado negativo. En 1999, “lawfare” pasó al campo de la seguridad nacional para expresar la necesidad de que la acción militar incluyera la construcción de instituciones con los valores occidentales. En 2001, el general Charles Dunlap popularizó la voz como el uso de la ley como un arma de guerra.
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