Contadores objetan una medida de Rentas

Contadores objetan una medida de Rentas

Profesionales colegiados solicitaron a Garvich la revisión del sistema de agentes de retención.

15 Noviembre 2019

Una medida adoptada por la Dirección General de Rentas (DGR) que designa agentes de percepción y de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) a los contribuyentes que obtuvieron ingresos por al menos $ 60 millones durante el ejercicio 2018 recibió objeciones de profesionales.

El Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán (Cgcet), a través de su presidente Carlos Corrales y de su secretario, Omar Leguizamón Tula, envió un escrito al ministro de Economía, Eduardo Garvich, para expresar su preocupación y solicitar la revisión de la resolución 106/2019, dictada por la titular de la repartición, Graciela de los Ángeles Acosta.

A través de este instrumento, la DGR designó “agentes de percepción y de retención del Impuesto sobre IIBB” a aquellos contribuyentes “que obtuvieron en el año calendario 2018, ingresos brutos operativos (gravados, no gravados y exentos) por un monto superior a $ 60 millones, teniendo en cuenta los ingresos provenientes de todas sus actividades y en todas las jurisdicciones”. Además, los sujetos alcanzados por la resolución “deberán solicitar su inscripción hasta el 29 de noviembre de 2019 inclusive, debiendo actuar como tales a partir del 1 de enero de 2020 inclusive”. Y agrega que “presentada la correspondiente solicitud, la Dirección General de Rentas podrá desestimarla o rechazarla mediante resolución, quedando el sujeto desobligado de actuar como agente de percepción y retención”.

La postura del colegio profesional es contundente con respecto a la directiva de la DGR. “Seguramente en sus orígenes los regímenes de recaudación en la fuente fueron herramientas idóneas de la administración tributaria, pero la proliferación de estos mecanismos se ha convertido en algo que la Justicia no dudó en calificar de ‘inconstitucionales empréstitos forzosos’”, indicaron. Recordaron que la nueva norma se fundamente en que “tal procedimiento redunda en beneficio para el fisco, en cuanto el mismo ha demostrado su eficiencia como medio de cobro e ingreso efectivo de gravámenes”. Corrales y Leguizamón Tula analizaron los posibles efectos negativos de la resolución 106. “Obviamente se generarán permanentes saldos a favor de los contribuyentes, y por su parte, los agentes sufrirán largas inspecciones por el accionar delegado compulsivamente. De ningún modo puede considerarse como una eficiente recaudación a la que se sustenta en el traslado de funciones propias del Estado a los terceros”, explicaron en el escrito dirigido a Garvich. En rigor, los contadores interpretaron que la mecánica afectará los precios finales. “Resulta evidente que la designación de nuevos agentes, lejos de contribuir a paliar la situación de crisis que atraviesa la actividad en general, y en particular de las pymes, es una medida que sólo agravará nuestra economía local, toda vez que los incrementos en la presión tributaria se trasladan en el valor de los bienes y servicios y, en definitiva, repercuten en consumidores finales”, añadieron. Señalaron además que las pymes carecen de estructura para satisfacer ese requerimiento. “Observamos desde la profesión contable que las funciones de la DGR se han transformado, pareciera, en la administración de sistemas de recaudación, donde los agentes tienen que estructurar todo un sistema de control interno a los fines de determinar, para cada movimiento financiero, lo que deben recaudar para la Provincia de Tucumán”, añadieron. Y alertaron que podría disuadir a inversores foráneos. “La designación de nuevos agentes, teniendo en cuenta los valores de ventas nacionales, quita interés a empresas que actúan en distintas jurisdicciones para operar en nuestra provincia, puesto que deben evaluar un costo administrativo adicional al resultar incluidos de oficio en la cuestionada resolución 106”, indicaron. Y remarcaron que “las pymes no deben ser designadas como agentes de recaudación fiscal, pues esencialmente son pequeñas empresas que no cuentan con sistemas de administración eficiente para manejar los mecanismos de recaudación que la DGR deposita en estos entes”.

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