Sueldos que disgustan a la justicia

La publicación de información que el poder prefiere mantener oculta volvió a desatar paranoias y fobias que dinamitan la credibilidad. Lejos de mirar las noticias de frente o de acudir al siempre saludable hábito de rendir cuentas, las autoridades de la Justicia se enfrascaron en discusiones sottovoce sobre quién había filtrado la planilla salarial actualizada y con qué motivos. En Tribunales circuló incluso la versión de una revisión sorpresiva de los teléfonos de los “compañeros desleales”, posibilidad en línea con las tan comentadas sospechas de espionaje ilegal. Hacia afuera hubo silencio así como hacia adentro afloraron los fantasmas de la inquisición. Es que con el bolsillo de los jueces, funcionarios y empleados judiciales no se embroma. Una filtración parecida en 2016 derivó en el traslado al Archivo del secretario Ricardo Antonio Bonilla. El antecedente llevó a algunos a reclamar otra cabeza para recordar el mensaje del castigo al mensajero.

La exposición de la tabla de remuneraciones abona la percepción de que existe una “oligarquía judicial”, como denominó al fenómeno un príncipe del foro. Esa situación económica privilegiada no es nueva, pero hoy impacta más por el contexto de recesión y de inflación. Las asimetrías de ingresos caen peor cuando la población debe soportar privaciones y “achicarse”.

La brecha material duele per se, pero también por la impresión generalizada de que la Justicia no está, como institución, a la altura de sus emolumentos. Malas noticias para la bronca social: una nivelación hacia abajo podría agravar aquella falta de correspondencia. Como dijo el ministro Regino Amado, los salarios judiciales deben ser altos para garantizar la independencia, valor cuya vigencia está seriamente en duda allí donde resulta esencial, o sea, en los procesos penales y de interés público sensibles para los poderosos. La realidad instalada ya desde hace décadas revela que las denuncias de corrupción no caminan, se mueren, o llegan a juicio fuera de todo plazo razonable y sólo cuando sus protagonistas han caído en desgracia. Esa desvirtuación ha escalado hasta el extremo de convertirse en la razón de ser de una carpa instalada hace siete días en la acera de los Tribunales penales de la capital. La impunidad produce anticuerpos. Hay gente que prefiere dormir en la calle a soñar con sus traumas.

Se supone que las retribuciones holgadas previenen contra la tentación de buscar ingresos por izquierda, pero allí están para desmentirlo las sumas adicionales de los matrimonios a domicilio que perciben los jueces de Paz. Se supone que las retribuciones holgadas obligan a un mayor esfuerzo y a la máxima calidad, pero la mora estructural de algunos ámbitos pone en entredicho aquella aspiración, como demuestran los juicios que los propios magistrados iniciaron hace más de 20 años para recomponer su pérdida de capacidad adquisitiva y que aún siguen en trámite. El desquicio logra que hasta los propios jueces sean víctimas de la tardanza judicial. Se supone que las retribuciones holgadas comprometen con la transparencia y la ética, pero los “ministerios públicos secretos” controvierten aquella expectativa. Para colmo, los sueldos con el último incremento trascendieron en momentos en los que el vocal decano dimitente, René Goane, es cuestionado por una denuncia de presunta tentativa de abuso sexual supuestamente “borrada” del sistema en… 2011.

Al lado de aquellas suposiciones defraudadas en todo o en parte está el avance de los nombramientos dedomaniáticos: múltiples añagazas conspiran contra los concursos limpios fundados en el mérito y la igualdad de oportunidades, único método de asignación de cargos estatales compatible con la Constitución fuera del voto popular. Afirma un especialista en intrigas palaciegas que el componente nepotista intensifica la sensación de “oligarquía”, y explica el mutismo de los gremios de empleados, y de la Asociación de Magistrados y del Centro de Funcionarios que conducen respectivamente la camarista Marcela Ruiz y el relator Cristian Schurig. Los operativos de contención que ambos practican no alcanzan para consolar a quienes se ven arrastrados por la venalidad ajena, máxime cuando sigue sin haber una política de divulgación para las estadísticas de trabajo y las auditorías.

En las condiciones vigentes, los sueldos de seis cifras de los Tribunales implican precios grandes que muchas veces pagan justos por pecadores. Puertas adentro, la igualación exaspera a quienes se sienten diferentes. Hay una fisura entre quienes trabajan como corresponde -con el compromiso y la honradez debidos- y quienes no, y entre los primeros y quienes toleran al personal improductivo. También aparecen las divisiones entre los que pagan ganancias (incorporaciones a partir de 2017) y pueden recibir la la jubilación con el beneficio del 82% móvil, y los que no. Otro abismo más profundo separa a los que cumplen su función con imparcialidad de los que cayeron en el servilismo y la inflamación de los privilegios, y con su desaprensión por la república dan letra al desprestigio colectivo. La falta de depuración -avalada en gran medida por legisladores convencidos del peligro de una Justicia autónoma- y de sanciones administrativas para las corruptelas tribunalicias afecta la imagen externa y aplasta internamente. Abundan las molestias por el hecho de que no trascienden los montos reales -incluidas las sumas no remunerativas y los viáticos- que perciben los miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo. La oscuridad se cierne sobre los “trucumanos” a caballo de la resistencia del oficialismo a sancionar leyes que proporcionen acceso a los patrimonios de los funcionarios y a la información estatal.

Quizá el mayor disgusto de los judiciales pase por el hecho de que la conquista de pagas superiores a las de la media general haya sido acompañada de distorsiones tales como que algunos burócratas designados discrecionalmente ganan más que jueces elegidos a partir de parámetros objetivos que se juegan el cargo con cada firma. ¿Cómo se justifica esto? La escala luce descabalada. Y la contradicción chafarrina a la organización que lleva una balanza como emblema.