“Se consagró la impunidad”

“El fallo del juez Facundo Maggio, que decretó el archivo de la llamada causa de las valijas legislativas acaecida cuando el gobernador Juan Manzur presidía la Legislatura y que permitió la disposición de más de U$S 46 millones, es la consagración lisa y llana de la impunidad, y de la corrupción como políticas de Estado”, expresó Eudoro Aráoz.

El legislador radical saliente y denunciante de la causa penal agregó que la decisión es la prueba de que Tucumán tiene un Poder Judicial que renunció a ser independiente; que prefiere cuidar sus intereses en lugar de estar al servicio de la sociedad; que eligió el camino del sometimiento y del servilismo, y que hace gala de su cobardía para investigar a los funcionarios públicos.

“Lamentablemente la tierra de Alberdi está al margen de la ley. Pese a la sentencia de Maggio, no abandonaré la lucha para saber quiénes se enriquecieron con el dinero de los gastos sociales”, dijo Aráoz. Y agregó: “mientras Edmundo Jiménez, que es tío político del juez y padre de uno de los legisladores beneficiados por el fallo, Reinaldo Jiménez, maneje la Justicia penal, la corrupción tendrá vía libre en Tucumán”. “No me extraña que Maggio haya violado su deber de investigar para pavimentar su ascenso a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. El Poder Judicial no es independiente del poder político y debe ser intervenido”, remarcó el radical.

En tanto, abogado Oscar López, uno de los denunciantes en la causa conocida como las “valijas legislativas”, consideró que el fallo de Maggio debe ser considerado como una “tragedia para Tucumán”.

“Hay dos causas concatenadas: la de enriquecimiento ilícito del gobernador, en la que lo sobreseyeron antes de ser candidato a gobernador; y luego con los dineros de los gastos sociales puede ser electo gobernador. Estamos hablando de $ 615 millones”, puntualizó el peronista disidente durante una entrevista realizada por LG Play.

López fue muy crítico del Poder Judicial. Y, como lo hizo el legislador Aráoz, apuntó contra los titulares de los ministerios Fiscal, Jiménez; y de la Defensa, Washington Navarro Dávila. “Navarro Dávila negoció por esta causa ser el ministro de la Defensa”, denunció, en alusión que el actual ministro fue el primer fiscal que investigó la denuncia.

“La Justicia penal está intervenida por el Poder Ejecutivo, por el ministro Jiménez. En vez de investigar los delitos garantiza la impunidad”, finalizó.