La Justicia dice que no hay delitos en el caso de las valijas

El juez Facundo Maggio envió la causa penal relativa al uso de la partida “ayudas sociales a personas”, conocida como gastos sociales legislativos, al desván de la historia. Con una resolución de ocho carillas, cerró la megacausa de los posibles hechos de corrupción que había perturbado al primer período del gobernador Juan Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo. En su condición de titular subrogante del Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº4, Maggio expresó que, si bien las fotos de las valijas con dinero en efectivo trasladadas desde el banco hasta la Legislatura habían causado impacto social y político, no hubo delitos concretos. Con ese y otros argumentos, como la necesidad de preservar la división de poderes y la confianza en las instituciones, desestimó las denuncias y sobreseyó a los funcionarios involucrados.

La resolución afectaría también a las dos causas penales remitidas por la Justicia Federal, que se declaró incompetente para investigar los posibles lavados de activos y evasiones tributarias ligados al manejo de alrededor de $ 615 millones (U$S 46 millones, según la cotización de 2015) en subsidios hasta tanto la Justicia local no esclareciera “los supuestos hechos ilícitos precedentes”. La decisión que cierra toda posibilidad de pesquisa sólo puede ser apelada por el fiscal Nº2, Claudio Bonari. Hace un año, Bonari había requerido el archivo de parte de las actuaciones, la desestimación de otra fracción y el sobreseimiento de tres funcionarios (el gobernador Manzur, y los ex legisladores fallecidos Susana Díaz y Alberto Herrera) vinculados a las erogaciones discrecionales.

A finales de 2018, Maggio había resuelto que su juzgado, el Nº2, era incompetente para evaluar los pedidos de Bonari y los había remitido al despacho Nº4, que está acéfalo por la jubilación del ex juez Víctor Manuel Pérez. Entre finales del año pasado y el presente la oficina fue atendida por Alejandro Tomas (Nº1), Maggio, Juan Francisco Pisa (Nº3) y Carolina Ballesteros (Nº5), pero fue el propio juez que había girado el caso al juzgado vacante quien terminó por cerrarlo.

Los argumentos

“Las denuncias realizadas en su momento y luego del impacto que causaron en la ciudadanía las noticias periodísticas del traslado en valijas de grandes sumas de dinero se basaron no en hechos delictivos concretos, sino en presunciones de maniobras ilícitas que fueron enunciadas en forma genérica y con atribución de calificaciones legales (no hechos) por la presunta existencia de delitos”, observó Maggio. En otro tramo de su pronunciamiento advirtió que los “justiciables” (en referencia a las autoridades denunciadas) representan o representaban a dos de los poderes del Estado cuya integridad y buen funcionamiento debe preservarse por interés social, y en virtud de la confianza que las instituciones del Estado deben generar en el sistema representativo, republicano y federal.

El fallo beneficia a los 49 legisladores provinciales del período 2011-2015 en el siguiente orden: 1) Gregorio García Biagosch, 2) Ramón Graneros, 3) Juan Siviardo Gutiérrez, 4) Víctor Lossi, 5) Sisto Terán, 6) Marta Zurita, 7) Roque Álvarez, 8) José Gutiérrez, 9) José Fernando Orellana, 10) Federico Romano Norri, 11) Gerónimo Vargas Aignasse, 12) Rolando Alfaro, 13) Regino Amado, 14) Beatriz Ávila, 15) Raúl Hadla, 16) Alejandro Martínez, 17) José Teri, 18) Sara Assán, 19) Beatriz del Valle Bordinaro de Peluffo, 20) Ricardo Bussi, 21) María Alejandra Cejas, 22) Alberto Conte, 23) Manuel Fernández, 24) Reinaldo Jiménez, 25) Adriana Najar, 26) Alfredo Quinteros, 27) Roque Brito, 28) Alberto Colombres Garmendia, 29) Sara Correa, 30) Díaz, 31) Ariel García, 32) Andrés Galván, 33) Guillermo Gassenbauer, 34) Ramiro González Navarro, 35) Herrera, 36) Fernando Juri, 37) Camila Khoder, 38) José Leon, 39) Iván Llorens Dip, 40) José Manuel Páez, 41) Regino Racedo, 42) Jesús Salim, 43) Roberto Sánchez, 44) Graciela Suárez, 45) Alfredo Toscano, 46) Nancy Bulacio, 47) Dante Loza, 48) Emiliano Vargas Aignasse y 49) Fernando Valdez.

También quedaron desvinculados de las denuncias de los opositores Oscar López y Eudoro Aráoz el ex gobernador y senador José Alperovich; Manzur; el ex secretario de la Legislatura y actual legislador justicialista, Juan Antonio Ruiz Olivares; el ex tesorero y actual secretario de la Legislatura, Claudio Pérez; el subtesorero Diego De Piero; el ex ministro y actual vocal del Tribunal Fiscal, Jorge Jiménez, y Rolando Steimberg, secretario de Hacienda.

Recibos no recibidos

Aunque advirtió que en el conjunto de denunciados había figuras que habían perdido sus fueros o nunca los tuvieron, como el ex tesorero Pérez y su reemplazante De Piero, Maggio decidió aplicarles a todos el mismo procedimiento especial previsto para cuando existen privilegios constitucionales. Ese régimen pone la investigación en cabeza del juez -no del fiscal-, pero él entendió que no hacía falta desarrollarla. Tras repasar el dictamen de Bonari, el juez provincial extendió el manto de la inocencia sobre el conjunto de los sospechosos y los sobreseyó en forma definitiva.

Bonari había admitido su imposibilidad de acceder a los recibos de los gastos sociales cuestionados porque el presidente subrogante de la Legislatura, Juri, le había denegado la entrega de esos papeles. Con ese argumento, el fiscal Nº2 había solicitado que una fracción del expediente “quede reservada” hasta tanto sea posible acceder a los comprobantes. Pero Maggio desestimó esa petición. “El fiscal no especifica qué hecho delictivo se configuraría en el supuesto de existir o no existir total o parcialmente los recibos de las ayudas sociales distribuidas a cada legislador, ni mencionó sobre qué hecho delictivo resultaría procedente una futura reapertura de la causa”, dijo. Y añadió: “la reserva de las actuaciones implicaría una extralimitación de las facultades conferidas al juez, que podrían implicar graves consecuencias para el principio de división de poderes al reservar el juez sin sustento alguno una causa por las dudas los recibos puedan revelar alguna irregularidad”. Como las valijas legislativas, el expediente dio vueltas durante tres años y ocho meses, y terminó cerrado sin que haya una investigación propiamente dicha.

“Rendiciones globales”                

Identikit de los gastos sociales

La Legislatura comenzó a practicar estas erogaciones discrecionales a partir de una ley sancionada en 1992.

En la jerga política tucumana se los llama indistintamente “gastos o ayudas sociales”: se trata de subsidios que tradicionalmente los legisladores -tanto del oficialismo como de las bancadas de la oposición- entregaron según su criterio en las distintas gestiones sucedidas en los últimos 25 años.

Estas erogaciones deberían acreditarse mediante los respectivos recibos. Año a año, el Tribunal de Cuentas de la Provincia aprobó los gastos sociales a partir de “rendiciones globales” que no individualizan como tampoco detallan los montos distribuidos, los motivos que se aducen para otorgar las asistencias financieras ni la autoridad que avaló la distribución de las partidas dinerarias.

Como consecuencia de la publicación de las imágenes de las valijas, el vicegobernador Osvaldo Jaldo resolvió dar de baja los gastos sociales para personas físicas, aunque el mecanismo subsiste respecto de las personas jurídicas.

Presuntos comprobantes

Los recibos de 2015

Ninguno de los expedientes iniciados a propósito de la publicación de las imágenes de las valijas que trasladaban el dinero en efectivo desde el banco hasta la Legislatura logró quebrar la resistencia del poder político a entregar los presuntos comprobantes de 2015, año de las últimas elecciones generales provinciales. Los casos “Brodersen” (Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo) y “López” (Juzgado Federal Nº1) fueron los que más cerca estuvieron de acceder a los recibos. En el primer juicio, el vicegobernador Osvaldo Jaldo devolvió la medida cautelar que lo nombra depositario judicial de los papeles: el Poder Ejecutivo adoptó la misma posición. En el caso “López”, el fiscal federal N°1, Carlos Brito, requirió dos veces a Jaldo la entrega de los recibos, pero luego este pidió una prórroga: en el ínterin, se presentó el ex legislador Iván Llorens Dip y el entonces presidente subrogante de la Legislatura, Julio Silman, y el expediente terminó en una declaración de incompetencia. En su dictamen de julio de 2018, el fiscal provincial Claudio Bonari admitió que había pedido los comprobantes, pero que el presidente subrogante de la Legislatura, Fernando Juri, se los había denegado.