El presidente de Chile pidió que se eleve a la Corte Penal Internacional el informe sobre la crisis social en Venezuela.
CARACAS.- El gobierno de Venezuela del presidente Nicolás Maduro rechazó un informe de Naciones Unidas, que denuncia graves violaciones de derechos y persecución política en el país, y lo describió como “parcial y lleno de graves errores metodológicos”.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó ayer, formalmente, el documento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, donde dijo que los venezolanos “merecen una vida mejor”.
“El destino de más de 30 millones de venezolanos está en las manos de las autoridades y de su habilidad para poner los derechos humanos por delante de cualquier ambición ideológica o política”, señaló, en la presentación del texto.
El informe, publicado el jueves, acusa al gobierno de Maduro de “graves vulneraciones de derechos” y documenta, entre otros hechos, más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019.
Estos delitos “deben ser investigados a fondo, estableciendo responsabilidades para sus autores, y garantizando su no repetición”, afirmó hoy la alta comisionada.
La delegación de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos rechazó el informe. El documento “está dominado por una visión selectiva y parcial, carente de rigor científico y con graves errores metodológicos”, subrayó el vicecanciller venezolano, William Castillo.
“Usted sabe que el informe no refleja la realidad de lo que vio en nuestro país”, añadió el diplomático, en alusión al viaje que Bachelet hizo a Venezuela en junio, durante el cual se reunió con Maduro.
Castillo dijo que -de las 558 entrevistas-, 460 se hicieron fuera de Venezuela. Bachelet explicó que las entrevistas se hicieron con migrantes y refugiados en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y España.
Además, el documento “ignora los graves impactos” sobre el pueblo venezolano de las sanciones económicas impuestas en los últimos años por Estados Unidos, añadió el viceministro, quien exigió una “corrección del contenido”.
El informe agrega que, sobre todo desde 2016, se puso en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición con detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas”.
“Venezuela rechaza la criminalización de los cuerpos de seguridad y de las fuerzas armadas. Se busca que el Estado permanezca inerme cuando existen riesgos a la seguridad nacional, planes de golpe de Estado que proponen un baño de sangre entre la población civil e incluso una intervención militar extranjera con la que nos amenaza Donald Trump”, concluyó. (Télam)
