Los gestos no sepultan las divergencias

Las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 no sólo acabaron con el gobierno de Fernando de la Rúa, sino que desataron un agudo debate sobre el sistema de representación. De ese afiebrado estado de ánimo nació la desafiante consigna que reclamaba "que se vayan todos". Las elecciones de 2003 mostraron que no se fue nadie del sistema político, sino que las figuras más resistidas se reciclaron en distintas funciones. Julio Miranda en el Senado es un ejemplo de reconversión por obra del voto popular. Eduardo Duhalde es el presidente de la Comisión Permanente de Representantes del Mercosur, adonde fue a parar por voluntad de Néstor Kirchner.
Las instituciones soportaron los embates sin una práctica de cirugía mayor. Empero, la mediación que ejercen los dirigentes entre los ciudadanos y el Estado quedó sospechada de corrupción y deshonestidad. De esa percepción se valió José Alperovich para justificar la metodología que usó para repartir útiles escolares entre chicos de pocos recursos. Fue una decisión enderezada a excluir la competencia política de otros intermediarios. Alperovich se erigió así en el único distribuidor de bienes públicos. Para darse esa satisfacción, pagó un costo político inesperado: el deprimente espectáculo de miles de personas que se apiñaron durante horas para obtener alguna ayuda. La pobreza volvió a ser una fuente de especulación política y la profusa difusión de almanaques con la efigie de Alperovich le dio un toque electoral a la acción asistencialista del Estado.
Lo que se diseñó como una operación que solamente debería producir réditos terminó colocando en la picota al gobernador. No haber escuchado los consejos más sensatos de parte de su entorno le valió concluir la semana con algunos magullones. Alperovich había sido advertido acerca de la inconveniencia de hacer de la Casa de Gobierno la principal base de operaciones del plan, pero no escuchó.
En el peronismo refractario al oficialismo se cuestionó el criterio gubernamental. "Ellos no saben hacer las cosas", argumentaban con tono mordaz. Aun así, fueron los propios interesados quienes recogieron los bolsones. Dentro de una sociedad que tuviera una economía en expansión, ese tipo de paternalismo estatal sería sencillamente inaceptable. La monumental caída del nivel de vida que causó la megadevaluación duhaldista del peso explica parcialmente la situación en que viven decenas de miles tucumanos.

Una semana clave
La movida sindical está lejos de aplacarse. El jefe del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Raúl Castells, pasó el viernes por Tucumán sin generar los inaceptables hechos de violencia que sus seguidores protagonizaron ese mismo día en Buenos Aires. El líder de extracción trotskista mantiene una relación de no agresión con la Casa de Gobierno y se preocupa por no dejar abandonado el territorio tucumano a la competidora Corriente Clasista y Combativa.
El retorno de la inflación es una cuestión económica que proyecta sus consecuencias a la esfera política. En el caso concreto del sector público es el Estado el que recibe la presión de los gremios.
La puja por el ingreso se traduce en la exigencia de aumentos. En el ala política del Gobierno se admite que la inflación se instaló y que las medidas de fuerza formarán parte del paisaje político. Creen, además, que el paraguas protector de Kirchner no los dejará afuera porque fue el propio presidente quien alteró las reglas a todas las provincias, con la suba del salario básico a $ 350 para los estatales nacionales.
La estrategia oficialista pasa por deshacer la unidad de gremios con intereses disímiles. Ocurre que la concentración del miércoles preocupa a la administración alperovichista, que empezó a tratar de distender el clima social con el pago adelantado del medio aguinaldo. "Alperovich no es intransigente", razonan sus colaboradores más cercanos. Sin ofertas atractivas, no se deshará la solidaridad sindical. Esta semana será clave para las intenciones del Gobierno porque, si no se neutraliza el malestar de los empleados, la "Marcha a pata y pulmón" recalentará el clima político el 7 de julio. Si eso ocurriera, a Kirchner, el Día de la Independencia no lo recibiría una provincia pacificada. Al gobernador le pasarían la factura por el mal momento.

Cercanía física
Las turbulencias sacuden con distinta intensidad al binomio gobernante. Alperovich y Fernando Juri dialogan para acercar posiciones. "El Poder Ejecutivo y la Legislatura deben fijar políticas de Estado", afirman en las proximidades del gobernador. La gobernabilidad es la piedra angular de esa premisa, que nadie pone en entredicho. Desde la Legislatura se observa que los chisporroteos ocurren por la defensa que hace Juri de la independencia de ese poder político. En resguardo de las instituciones, el vicegobernador aceptó que se habilitara una oficina contigua a la del gobernador. La comunicación se simplificará, pero no se traducirá en la desaparición automática de las diferencias. La marcha de la reforma constitucional es un motivo encubierto de tensiones. Juri les dijo a Julio César Rodríguez y a otros dirigentes radicales que compartía la necesidad política de derogar la ley que habilita el desguace total de la Constitución de 1990.
En Casa de Gobierno niegan que están desesperados, pero en los pasillos legislativos no se cansan de recibir mensajes que reclaman más celeridad. La Justicia aún debe fallar en torno del planteo que Julio Díaz Lozano y otros actores políticos e institucionales en contra de aquella norma. Arguyen que se aprobó sin observar requisitos formales insoslayables. A la inminencia de las decisiones judiciales se adicionan las complicaciones de la coalición oficialista que no encontró una salida que satisfaga a todos. Unos quieren cambiarla en parte -dejarían a salvo a los jueces-, pero otros abogan por su derogación total. Dado ese paso, se abriría un ciclo de debates para articular un núcleo básico de acuerdos, que se erija en el corazón de un nuevo proyecto de ley reformista. Un fallo judicial que declare inconstitucional la ley de reforma total les disiparía el camino a los atribulados peronistas.