Acertada posición internacional

El Congreso Nacional autorizó al Poder Ejecutivo para el envío de una fuerza de paz a la República de Haití, respondiendo a la convocatoria multilateral de las Naciones Unidas, y consecuente con cuarenta años de política asistencial de nuestro país en los más diversos escenarios de conflicto. La nación haitiana es la que primero logró su independencia en Latinoamérica, a la vez que la más pobre y socialmente sufrida del continente, como evidencian sus índices de sobrevivencia, salud y educación. La fuerza de paz estará integrada por 614 efectivos, que inmediatamente comenzaron a partir, y compartirá su misión con las de Brasil -bajo cuyo mando han quedado las operaciones-, Chile, Uruguay y otros diez países. Una referencia cabal de las responsabilidades asumidas por los efectivos argentinos es el rol asignado a la Fuerza Aérea que, además del transporte, tendrá a cargo la instalación de un hospital que contribuirá a la atención humanitaria. Haití carece de un sistema de salud organizado suficiente para el tratamiento de enfermedades infectocontagiosas, así como de redes cloacales y otros medios para hacer medianamente tolerable la existencia de la gran mayoría de su población. Así quedó evidenciado durante el debate en el que la ONU resolvió solicitar ayuda internacional.
Vieja tierra de piratas y bucaneros, sucesivamente ocupada por franceses, ingleses y estadounidenses, Haití padeció por su cuenta feroces tiranías del peor perfil centroafricano; hasta unos meses atrás, cuando la esperanza de un intento de democratización a cargo de Jean Bertrand Aristide se frustró bajo una nueva sombra totalitaria y la consiguiente ocupación por Francia y Estados Unidos. Esta última circunstancia alentó en nuestro país una fuerte polémica, donde los argumentos contrarios a la fuerza de paz priorizaron la acción de Washington sobre la gravísima guerra civil con sesgos tribales que las facciones haitianas practicaban ante la comunidad internacional; a pesar, por cierto, de que la convocatoria de la ONU respondía a la necesidad de Estados Unidos de retirarse de la isla. Mientras tanto, los gobiernos de Brasil y de Chile, ambos socialistas, eludían esos prejuicios menospreciantes de la realidad humanitaria, para acudir en auxilio de la comunidad haitiana.
Nuevamente, la gestión exterior argentina ponía en riesgo la integridad y consecuencia de una política de Estado en cuya continuidad debe asentarse la confianza y el prestigio del país. Cuarenta años de contribución a la paz internacional corrieron el peligro del abandono bajo la presión de una retórica que somete, en forma oportunista, los derechos humanos de una sociedad castigada al ideologismo intransigente.
La anarquía y la guerra civil padecida por Haití han sido el preanuncio de otra disociación nacional en el continente, donde la abstención pretende ser signo de antiimperialismo, por más que le abra las puertas, paradójicamente, al mal que repudia. Bienvenida, pues, la decisión del Gobierno nacional que, más allá de sus posicionamientos no siempre claros sobre el rol de la Argentina en la comunidad internacional, ha sido consecuente con la historia y la dignidad de la República, donde confluyeron inmigraciones históricas de sociedades muy diversas. La política exterior de un país soberano no tiene nombres y apellidos, como ocurre cuando el poder público se personaliza, sino que es la del Estado: con previsibilidad en el cumplimiento de los compromisos más allá de la duración de sus gobiernos, y mantenida en el tiempo por el común acuerdo de los factores de poder que se conjugan en un sistema institucional. La Argentina va a ser seductora si es un país serio y predecible en la comunidad internacional y se expresa como tal en sus definiciones oficiales.