A ponerse el sayo

La noticia de que en cuatro meses se procesó en Tucumán a 260 menores, y la sentencia que obliga al Gobierno a seguir alimentando a una niña recuperada de la desnutrición son dos secuencias de una misma trama. La primera retrata una realidad social dramática y la segunda convierte en judiciable la responsabilidad del Estado sobre la vida -y la muerte- de los niños.
En el Foro Provincial sobre Infancia y Adolescencia que se realizó en Tucumán, una defensora de menores afirmó que casi la mitad de los 260 menores procesados en los últimos meses son reincidentes. Y que el mismo porcentaje se reconoce alcohólico, en tanto que un 38% se droga. El cuadro se completa con la información de que la mayoría de los procesados son analfabetos o semianalfabetos, y que estos son institucionalizados en un régimen carcelario. No son temas nuevos. Pero resuenan como advertencias cuando se pronuncian en ámbitos de reflexión institucional. En cada uno de sus señalamientos la funcionaria judicial marcó -lo haya explicitado, o no- que la Provincia está incumpliendo con la Convención por los Derechos del Niño en por lo menos dos puntos: si esos chicos son analfabetos, no es caprichoso interpretar que hay una escuela que no retiene. Otra situación problemática es la de los chicos que son enviados a los institutos de menores, que no sólo no reeducan, sino que generan la obligada convivencia de adolescentes que se fugaron del hogar con émulos de "Brasita" o con otros menores de vasto prontuario.
Al otro lado de la trama lo tejieron los jueces Salvador Ruiz y Horacio Castellanos, quienes decidieron que el Estado provincial está obligado a brindar atención integral a Rosarito, una niña que había padecido desnutrición, y que fue recuperada en tres meses en el ámbito especializado del Centro de Rehabilitación Nutricional (Cerenu).
El fondo de esa sentencia judicial no es un tema banal: ese fallo habla de la responsabilidad del Estado para con los chicos del presente, pensando en ellos como futuros ciudadanos y como actuales sujetos de derecho.
Los jueces llegaron a esa instancia judicial por una demanda de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNT, cuyos integrantes reclamaron que el Estado se haga cargo de la provisión de asistencia médica y nutricional de una niña que en diciembre del año pasado había ingresado en el Hospital de Niños con un cuadro de desnutrición de tercer grado.
Ahora, las miradas están puestas en el punto de llegada: qué ocurrirá cuando hayan pasado los seis meses de tutela estatal obligada. Según los estudiantes que participaron en esta práctica (un tramo interesante del nuevo plan de estudios de la Facultad de Derecho de la UNT), la madre de Rosarito aprendió en tres meses -los que estuvo junto a su hija en el Centro de Rehabilitación Nutricional (Cerenu)- cómo se debe atender a un niño desnutrido. Como contraejemplo, argumentan que las reiteradas caídas de Barbarita Flores (dramático emblema del Tucumán de la pobreza) se debieron a la falta de un plan nutricional sistematizado por parte del Estado, y a la ausencia de un plan de capacitación sobre la madre de la niña. Ese es otro de los eslabones -y no el menor- de la frágil trama social tucumana.
Es cierto que, en los últimos tiempos, en Tucumán hay numerosas iniciativas de educación no formal y de capacitación para adultos. Pero, tal como advirtieron los profesionales de la Clínica de Derecho, sólo la acción sistemática del Estado evitará los riesgos de recaídas de esos niños vulnerables. Para el Gobierno, la sentencia de los jueces Ruiz y Castellanos no es una cuestión menor. Es que, si bien el fallo se expide por el presente de Rosarito, de hecho abre la puerta para otras eventuales presentaciones judiciales ante nuevos casos de desnutrición por pobreza.