Menores y delito

El pasado fin de semana, como informamos, el Foro Provincial Infancia y Adolescencia analizó, en esta ciudad, la problemática de la delincuencia juvenil. Las cifras que se manejaron para cuantificar el tema no pueden ser más inquietantes. Tanto la cantidad de menores procesados como su índice de reincidencia muestran que la cantidad de los menores delincuentes (cuyas edades oscilan entre los 11 y los 17 años, con un alto porcentaje de consumidores de droga) no hace más que crecer, de un modo aparentemente incontenible. A esto debe sumarse la nula acción del Estado para la rehabilitación de aquellos, falla que se expresa desde el régimen carcelario de los institutos donde se los aloja, hasta la ausencia de un trabajo profundo sobre el entorno familiar.
Aun sin que el Foro la subrayase, la gravedad de la cuestión está a la vista de cualquiera. Ayer, por ejemplo, informamos sobre el violento atraco a mano armada sufrido por una profesional a manos de tres adolescentes, uno de ellos de 13 años; y también consignamos la detención de un menor de 16, cuando, revólver en mano, asaltaba a la empleada de un "ciber". Por otro lado, a diario y en todos los puntos de la ciudad, las mujeres se ven despojadas de sus carteras o de las joyas que llevan, por menores que operan con total audacia y que, en la generalidad de los casos, no resultan nunca capturados.
Así, nuestra realidad es que cada vez existe mayor cantidad de menores dedicados al delito entre nosotros. Una situación que ha enrarecido notoriamente el clima de San Miguel de Tucumán, llenando de zozobra a quienes circulan por sus calles. Esto, a cualquier hora, ya que tales actividades se desarrollan tanto en pleno día como por la noche, y en los sectores céntricos como en los apartados.
Es posible realizar numerosas consideraciones en torno de los motivos de semejante cuadro. Mucho tiene que ver, por cierto, la crisis económica y la falta de horizontes, como mecanismos que empujan a niños y a adolescentes hacia el delito, sumado ello a la difusión del alcohol y de las drogas. También tiene amplia culpa la actitud despreocupada de los progenitores hacia sus hijos, manifestada en hogares que no representan contención ni encauce alguno para ellos. Y habría que sumar, por cierto, ese triste modelo que presenta, a los menores, una sociedad cada vez más desdeñosa de los valores elementales que deben estructurar la vida de las personas, para impedir que el ámbito que habitan sea regido por algo más parecido a la ley de la selva que a otra cosa.
Pero lo que interesa fundamentalmente, aquí y ahora, es que el Estado y la comunidad se pongan seriamente en situación de enfrentar semejante crisis. No es posible que, ante un fenómeno tan grave y preocupante, miremos al costado.
Nos parece que, en primer lugar, debe movilizarse un urgente cambio en las instituciones donde se forma la mente de los menores, esto es en el hogar y en la escuela. Si deploramos la falta de principios capaces de encaminar a un niño y a un adolescente hacia el bien, ello tiene que estar ocurriendo porque tales principios no se imparten como corresponde, y porque se enfocan de un modo permisivo y tolerante conductas que llevan el germen del futuro delito. Es urgente, entonces, trabajar sobre la mentalidad de los responsables de la familia y, simultáneamente, buscar que en el aprendizaje escolar se otorgue la debida importancia a los valores de la sana convivencia, del respeto a la ley, del cuidado de la salud física y moral.
Sin duda que esto debe correr paralelo con una renovada preocupación del Estado por todo lo que concierne a los delitos cometidos por menores. Hablamos de una renovación de las estructuras preventivas y sancionatorias, que son obsoletas frente a las realidades que nos impone el hoy.