El Estado y los servicios públicos

El presidente de la Nación ha descartado que la eventual rescisión del contrato de concesión de servicio ferroviario a la empresa privada Metropolitano, a cargo de la línea San Martín, vaya a derivar en su estatización. Por su parte, el secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, ha manifestado que dicho servicio volverá a privatizarse y que su operatividad quedará, mientras tanto, a cargo de otras concesionarias. Por lo demás, el Estado mantendrá el actual subsidio tarifario mensual y se hará cargo de las inversiones requeridas para mejorar esas prestaciones, descartándose la creación de una empresa estatal. Ambas aclaraciones han dejado sin justificación no pocas versiones en sentido contrario, alentadas por el debate de las tarifas de los servicios públicos, en un contexto político donde las motivaciones ideológicas tratan de vincular un problema esencialmente económico y social con el concepto de soberanía.
La historia de los servicios públicos en la Argentina a partir de la década de los años 40 está particularmente asociada a los avatares políticos e institucionales, y a las zigzagueantes opciones privatista o estatal, así como a un panorama internacional, donde la segunda fue predominante después de la guerra mundial. En nuestro caso, esa experiencia es suficientemente aleccionadora para reflexionar con objetividad sobre ella en el momento de revisar la situación. Puede afirmarse en ese orden que las estatizaciones en corto plazo de los servicios telefónico, ferroviarios, de electricidad y gas, entre otros, significaron en poco más de una década considerables pérdidas de eficiencia para la economía y el bienestar de la sociedad. Las empresas públicas dejaron de difundir balances y quedaron sin inversiones adecuadas para satisfacer la creciente demanda de servicios y de la producción, cargando sus pérdidas al costo fiscal de la Nación. La excepción fue Gas del Estado, cuyas ganancias se originaban en su deuda sostenida con YPF -la única empresa petrolera del mundo que arrojaba pérdidas-, a la que no abonaba el gas que distribuía. Por su parte, la compañía telefónica estatal llegó a tener pendientes de satisfacción indefinidamente más de 100.000 solicitudes de servicio, mientras los apagones del servicio eléctrico se convertían en hechos cotidianos. Detrás de todo ello se ocultaba la supuesta conveniencia de aprovechar las empresas como fuentes de empleo, eludiendo parámetros de racionalidad de los servicios públicos con sus desbordados planteles.
Más allá de la calidad de los contratos de algunas privatizaciones, lo real es que los servicios se modificaron rápidamente, tal cual se advierte en casos como el de los teléfonos, que pasaron de 3,3 millones de líneas a 8,2 millones con técnicas digitales; o los de electricidad, que de 3,9 millones de abonados fueron a 4,7, además de duplicar la infraestructura generadora. Esos datos serían innecesarios si no sirvieran para esclarecer la falaz invocación de la soberanía que prescinde del desarrollo económico del país y el bienestar de la sociedad. Por otra parte, el debate sobre las concesiones ha venido a dejar en evidencia el segundo fracaso del Estado, que no es otro que la demostrada incapacidad de sucesivos gobiernos para controlar la marcha eficiente de los servicios concesionados y el cumplimiento de los contratos por algunas empresas, mediante los respectivos entes reguladores oficiales, afectados de clientelismo político.
Han sido muy oportunas por todo ello y otras ineficiencias, las observaciones presidenciales, al señalar la necesidad de investigar el cumplimiento de las concesiones, dejando sin espacio a los sostenedores de un irracional retorno a un modelo que, como está demostrado, contribuyó al atraso del país.