Un interino completará un tribunal penal clave

Un interino completará un tribunal penal clave

Ojeda Ávila, asesor del legislador Caponio, irá a la Cámara de Apelaciones.

28 Octubre 2018

Walter Ojeda Ávila se incorporará a la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción en virtud de la segunda designación de un juez subrogante o precario firmada por el gobernador Juan Manzur. Ese nombramiento ha de recibir el acuerdo legislativo al igual que las otras tres coberturas definitivas que dispuso el mandatario el jueves pasado (se informa por separado). El abogado Ojeda Ávila, que asesoró al legislador oficialista Marcelo Caponio en cuestiones vinculadas a la Justicia y a la reforma procesal penal, ocupará transitoriamente la vocalía que había dejado vacante Liliana Vitar al jubilarse, situación que obligaba al estrado a funcionar con dos miembros, Eudoro Albo y Enrique Pedicone.

Ojeda Ávila (65,5 puntos) estaba en el tercer puesto de la lista para la Cámara de Apelaciones que confeccionó el Consejo Asesor de la Magistratura, después de Juan Carlos Nacul (89) y de Roberto Eduardo Flores (66,25). Pero tanto Nacul como Flores ya son jueces: el primero asumió en la Justicia Federal de Mendoza mientras que el segundo está en vías de jurar como camarista penal. Cerraba la lista remitida al Poder Ejecutivo el concursante Benjamín Eduardo Núñez Arévalo (64,5 puntos).

La Cámara de Apelaciones controla las investigaciones de toda la provincia: es una especie de embudo al que van a caer las causas penales. A partir de la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal sancionado en 2016, el cuerpo pasará a denominarse Tribunal de Impugnación y, a su función original, incorporará la de la revisión de las sentencias definitivas, tarea que hoy desarrolla la Corte Suprema de Justicia de Tucumán vía recurso de casación o de queja por casación denegada. Ojeda Ávila había competido en su momento por el cargo que terminó en manos de Pedicone. La designación como interino implica que su magistratura caducará a los dos años prorrogables por 12 meses más si el Gobierno así lo quiere o antes por la cobertura definitiva de la vocalía en cuestión.

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