27 Agosto 2018
La Justicia Federal de Tucumán no seguiría investigando la comisión de posibles delitos en el caso de las valijas cargadas con millones de pesos para supuestos “gastos sociales” del Poder Legislativo, que eran transportadas en una camioneta oficial en el 2015 electoral
Fuentes judiciales le indicaron a LA GACETA que los despachos a cargo de la pesquisa, iniciada en 2016, habrían recibido la notificación de que quedó firme el fallo dictado por Ricardo Sanjuán, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. A través de esa decisión, firmada el 2 de agosto, el camarista había resuelto hacer lugar al planteo del abogado penalista Nicolás Pedro Brito, en representación del ex legislador oficialista Iván Llorens Dip (2007-2015), para que el expediente abierto por presunta evasión impositiva al fisco federal sea acumulado a la causa en trámite en la Justicia provincial -en manos del fiscal de Instrucción Claudio Bonari y del juez de Instrucción Facundo Maggio-.
Al parecer, indicaron las fuentes, la Fiscalía Federal General, a cargo de Gustavo Gómez, habría desistido de insistir con un recurso de Casación, con lo cual la medida dispuesta por Sanjuán hubiera pasado a ser revisada por un tribunal superior. Esto habría sido comunicado la semana pasada a la Fiscalía Federal N° 1, a cargo de Carlos Brito, y al Juzgado Federal N° 1, cuyo titular es Daniel Bejas. El dato también fue corroborado por el autor de la denuncia penal, el ex candidato a legislador Oscar López, quien había formulado el planteo el 4 de febrero de 2016.
Con esto, el fuero federal no avanzará con la hipótesis de que los “gastos sociales” eran en realidad ingresos que percibían los legisladores “en negro” y de modo paralelo a la dieta, única paga habilitada por la Constitución provincial. Esta línea investigativa consideraba que, al quedar registrados como subsidios, los “gastos sociales” perjudicaban al fisco nacional, ya que no formalizaban impuestos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Teniendo en cuenta que el monto de Transferencias (subsidios) en la ejecución presupuestaria del Poder Legislativo en 2015 superó los $615 millones, el alcance de esta hipótesis superaba el monto mínimo fijado en la Ley Penal Tributaria.
El fallo de Sanjuán expresó otra perspectiva al respecto. Incluso, mencionó que el fiscal federal Brito había solicitado al vicegoberandor Osvaldo Jaldo detalles de los beneficiarios de los “gastos sociales” de 2015, período en el que el actual gobernador, Juan Manzur, estuvo a cargo de la presidencia del cuerpo parlamentario entre febrero y octubre. “Al no existir erogación con carga tributaria alguna, el fiscal primero ha creado el delito y luego se ha propuesto buscar inoficiosamente las pruebas que justifiquen su reprochable accionar funcional, reclamando documentación propia del poder del Estado provincial que ha superado las instancias de control constitucional”, señaló el camarista penal, en alusión a las aprobaciones formuladas por la delegación del Tribunal de Cuentas afectada a la sede legislativa de Muñecas 951.
El denunciante López lamentó el curso de la causa. Aseguró que se sentía “sorprendido” de que la Fiscalía Federal General no procediera a la apelación del fallo de Sanjuán. “A este cuadro hay que sumarle que, en la Justicia provincial, el fiscal Bonari se negó a informarme del contenido de la requisitoria elevada al juez Maggio, por lo que me es imposible conocer si hubo pedido de apertura de investigación por la malversación de fondos públicos o requirió el archivo del expediente”, protestó López.
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