El Grupo Indalo quedó al borde de la quiebra

BUENOS AIRES.- La situación del Grupo Indalo se agravó ayer, luego de que la AFIP confirmara ante la Justicia que no están previstos planes de pagos o moratorias para que Oil Combustibles cancele su deuda con el fisco por el Impuesto a las Transferencias de Combustibles (ITC), calculada en $ 8.000 millones. Así, la principal empresa de Cristóbal López quedó al borde de la quiebra.

En paralelo, la AFIP reclamó ante la Cámara Federal de Casación Penal que los empresarios López y Fabián de Sousa, socios mayoritarios del grupo empresario, sean juzgados por “defraudación al Estado” y no por “apropiación indebida de tributo”, como dispuso ese tribunal. López y De Sousa fueron excarcelados a mediados de este mes -tras haber permanecido presos desde diciembre- por decisión de la Sala I de la Cámara Federal porteña, con los votos de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah.

El reclamo de la AFIP quedó plasmado en una apelación presentada por el abogado del organismo, Ricardo Gil Lavedra, contra el fallo de la Cámara Federal porteña, que dispuso el cambio de carátula en la causa contra López y De Sousa. La presentación fue realizada en el marco de la causa que investiga la retención de $ 8.000 millones del pago de ese impuesto a través de la firma Oil Combustibles.

Además, el organismo recaudador, a través de su subdirector de Asuntos Jurídicos, Eliseo Devoto, informó al juez comercial Javier Cosentino que los planes de pagos o moratorias no están previstos para el caso del Impuesto a las Transferencias de Combustibles (ITC). Así, la empresa quedó en una situación muy delicada que puede derivar en su quiebra en la Justicia.

Cosentino convocó ayer a un encuentro a directivos del Grupo Indalo y a los abogados del organismo oficial para buscar una salida, es decir, algún mecanismo que permitiera a la empresa cancelar su deuda. Devoto fue taxativo ante el juez cuando señaló que la retención del impuesto a los combustibles no admite más que su pago efectivo en tiempo y forma, aseguraron las fuentes.

Días atrás, el Grupo Ceibo (ex Grupo Indalo) remarcó la imposibilidad de lograr una solución al plan de contingencia y subrayó que la AFIP “rechaza toda solución presentada por OCSA (Oil Combustibles S.A), arrastrando a la compañía a una potencial quiebra en contra de sus propios intereses, que sería finalmente poder cobrar sus créditos”. La semana pasada el juez desplazó a los administradores del grupo de López y Da Souza, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, por “irregularidades” en la gestión, advertidas en gastos elevados sin justificación.

En tanto, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura se reunirá hoy para intentar determinar si fue lícita la intervención del juez Eduardo Farah en el fallo que liberó a López y De Sousa. La investigación se originó en un pedido de la Corte Suprema del jueves pasado, solicitando al presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, que determine el “procedimiento de integración de los magistrados de la Sala I”, para así despejar si existió o no “alguna irregularidad en esa conformación”. (Télam)