Estalló una rebelión militar en Bolivia

LA PAZ.- En medio de tensión y hermetismo, el gobierno boliviano buscaba ayer salidas para la crisis generada por la rebeldía militar contra un fallo judicial que afecta a cuatro oficiales. El Tribunal Constitucional dispuso que la Justicia civil procese por asesinato a estos cuadros que habían sido absueltos por el fuero castrense. Hasta ahora el gobierno se ha limitado a decir que respetará la Constitución, mientras la prensa coincide en que el alto mando militar, que ordenó el acuartelamiento de las tropas y visitó al presidente Carlos Mesa en traje de campaña, ha puesto en jaque al mandatario. Sectores sindicalistas han advertido de supuestas intenciones golpistas e incluso ya han hecho llamados para combatir a la supuesta dictadura, pero analistas independientes consideran que la sangre no llegará al río.

Víctima inocente
El problema comenzó el viernes, cuando el Tribunal Constitucional desconoció un fallo del fuero castrense que absolvió a cuatro militares por el asesinato de una enfermera y ordenó un nuevo proceso en la Justicia ordinaria. El tribunal dijo que se trata de un delito común que no compete a la Justicia militar. El 13 de febrero de 2003, en medio de revueltas populares que dejaron 32 civiles muertos, militares dispararon contra Ana Colque, quien, como enfermera, trataba de auxiliar a los heridos. Investigaciones señalaron como responsables al teniente coronel Grover Monroy y a los tenientes José Enrique Costas, Rafael Mendieta y Yamil Rocabado, quienes, sin embargo, fueron declarados inocentes por la Justicia castrense. La madre de Ana, Victoria Choque, inició entonces a través de abogados una batalla jurídica que llegó hasta el Tribunal Constitucional.

Apoyo civil
El fallo fue aplaudido por la Defensoría del Pueblo, por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, por las organizaciones populares y por diversos sectores que consideran que se ha sentado un precedente contra la impunidad, pero fue rechazado enérgicamente por los militares, que argumentan que se viola el principio de la cosa juzgada. El jefe de las Fuerzas Armadas, almirante Luis Aranda, anunció el acuartelamiento pocas horas después de conocerse la decisión y a la noche encabezó el grupo de oficiales que realizó una visita de presión a Mesa. Se espera que en las próximas horas el gobierno emita un pronunciamiento sobre el caso, que lo mantiene entre dos fuegos, pues se descuenta que cualquier camino que tome provocará la reacción de la contraparte. (DPA)