Una “vaquita” de $ 150 para pagar el bono

Mientras en Tucumán, el gobernador Juan Manzur insiste que para poder abonar el bono de fin de año tendrá que gestionarse fondos ante el gobierno nacional, el ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, advirtió ayer que con el bono de entre $ 2.000 y $ 3.500 que se otorgará a empleados estatales se “cierra la discusión sobre cuál fue la pérdida” del poder de compra de los salarios.

El funcionario señaló también que el acuerdo alcanzado con UPCN para el pago de un bono en dos cuotas, no “arrastra” a las distintas provincias, porque cada distrito tiene su historial de negociación y sus propias paritarias. “Es una realidad a la que debíamos enfrentarnos y procurar las mejores soluciones sin arrastrar a las distintas jurisdicciones. Cada uno tiene su historial de negociación, sus propias paritarias”, dijo Ibarra. Y agregó: “cada jurisdicción es autónoma, conoce su situación financiera y sus mecanismos de negociaciones”.

La erogación

Por su parte, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) reveló que hacer frente a este gasto adicional haría que los fiscos provinciales impongan, en promedio, a cada uno de sus habitantes un costo de $ 150 extra a lo actual, ya sea por la vía de mayores tributos o menores prestaciones a través de reemplazo de otros gastos.

Para hacer este cálculo, el Iaraf utilizó el último dato oficial disponible y comparable del número de empleados públicos provinciales, correspondiente a 2014. Se supone que la cantidad de empleados no ha disminuido en el tiempo transcurrido hasta la actualidad (todo lo contrario), por lo que la estimación sería, en todo caso, un “piso” de costo fiscal.

“El cálculo directo arroja un valor de $ 6.361 millones para el consolidado provincial. Como es lógico, la provincia con mayor costo fiscal sería Buenos Aires, al tener un mayor número total de trabajadores en el sector público provincial, con un costo de $ 1.939 millones”, señaló Iaraf.

Al estimar el monto acumulado a diciembre de 2016 de la Coparticipación Federal de Impuestos y del Fondo Federal Solidario (FFS), se procede relativizar el costo fiscal de entregar un bono a cada empleado público de las provincias. En un extremo, la jurisdicción que tendría el mayor costo fiscal en relación a los ingresos mencionados es CABA. La erogación necesaria para otorgar un bono representa el 2,1% de la coparticipación y superaría en un 22,2% al monto que recibirá en concepto de FFS durante 2016. En el otro extremo, la provincia de San Luis tiene el menor costo fiscal relativo, dado que la erogación necesaria representaría el 16% del fondo sojero y el 0,5% de la Coparticipación.

En conjunto las provincias enfrentarían un costo fiscal equivalente al 31,7% del fondo sojero, o alternativamente al 1,1% de los envíos por coparticipación.

Puesto que la situación del empleo público no es la misma en todas las jurisdicciones, no será el mismo el esfuerzo que tendría que hacer, por ejemplo, el cordobés promedio, cuyo estado provincial tiene una de las tasas de empleo público más bajas en comparación con el resto de las provincias (34 empleados provinciales cada 1.000 habitantes), quien deberá hacer un esfuerzo extra de $ 103 para que sus empleados públicos obtengan el adicional. Mientras que en el otro extremo, un santacruceño promedio resignará beneficios por $ 388; ya que en su provincia hay aproximadamente 129 servidores públicos cada 1.000 habitantes. Según Iaraf, a Tucumán le implicaría el mismo esfuerzo que el promedio entre las provincias.

Según los cálculos oficiales, para hacer frente al pago del bono navideño, la gestión del gobernador Juan Manzur debería erogar unos $ 350 millones, tomando en cuenta los 120.000 estatales provinciales (incluyendo municipios y comunas). La delegación Tucumán de ATE reclamó al mandatario la reapertura de las paritarias y el pago de un bono compensatorio con el sueldo de diciembre.