Las imágenes de violencia en la misma sede de la Asamblea Nacional y los enfrentamientos y protestas callejeras entre partidarios y adversarios del Gobierno de Venezuela se han transformado en imágenes habituales en los medios periodísticos de todo el mundo. Pero los sucesos que están ocurriendo en las últimas horas, se presentan, si cabe, aun más graves y críticos toda vez que muestran la profunda división que enfrenta a los poderes institucionales que administran el Estado y que repercute especialmente en Latinoamérica. La Asamblea Nacional (el Congreso) controlada por una férrea oposición al Gobierno de Nicolás Maduro decidió promoverle un juicio político al presidente, al que consideran responsable de la “profunda crisis económica, social y política” y lo citó para la semana que viene a fin de que responda las acusaciones; la iniciativa legislativa que salió adelante en medio de un escándalo provocado por diputados y militantes oficialistas, tiene pocas posibilidades de debatirse en el pleno de la asamblea, toda vez que Maduro convocó al Consejo de Defensa de la Nación, un organismo conformado por instituciones creadas por el régimen que construyó Hugo Chávez, que blindaron la gestión del Gobierno. Maduro y todo el chavismo aseguran que este proyecto de la oposición es un “intento de golpe de Estado” y no han dado muestras de ceder a un requerimiento que figura en la propia constitución.
Venezuela ingresó a este trance institucional de quiebre, luego de que el máximo tribunal electoral desestimara las presentaciones de la oposición que reclamaba la convocatoria de un referendo revocatorio del mandato de Maduro con una serie de argumentos más que nada políticos antes que legales y congeló la recolección de firmas que se requieren para que constitucionalmente quede habilitado. La oposición asegura que ese rechazo se debe a que el oficialismo es consciente de que puede perder el poder a través de la consulta popular. Sin alternativas, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) -el conglomerado opositor, que tiene a varios de sus principales líderes detenidos por encabezar protestas- convocó a los venezolanos a ganar las calles y, como contrapartida, el chavismo pidió a sus militantes que salgan a defender el Gobierno. En ese trance, Maduro -sin oxígeno político y abandonado por la mayoría de los gobiernos de América Latina- visitó al Papa. El pontífice se comprometió a mediar en el conflicto y envió a uno de sus diplomáticos. Pero no todos los actores de ambos bandos respaldan el inicio del diálogo, que es apoyado por buena parte de la comunidad internacional, en vista de las dramáticas diferencias y la cada vez más crítica situación social. Los sectores más duros del chavismo advierten que rechazarán “cualquier intervención internacional en los asuntos internos”, mientras que desde la oposición han dicho que “el diálogo no puede ser visto como una estrategia de quienes desde el poder quieren ganar tiempo, sino como un espacio de lucha” Pero a medida que las horas pasan la situación se agrava: miles de opositores se movilizan para exigir la renuncia de Maduro y lo mismo hacen miles de chavistas en apoyo a su gobierno. Hubo refriegas entre los manifestantes, represión policial, muertos y heridos. Para la oposición, se vive “una dictadura”, para el chavismo se trata de defender “la revolución bolivariana”. Los ojos y los corazones de millones de latinoamericanos están pendientes de que el nuevo intento de diálogo que se iniciará el domingo sirva para reencontrar la paz y la convivencia en Venezuela. El clamor de la mayoría de los políticos y actores sociales argentinos está en línea con la decisión del Papa de promover el encuentro, el respeto y la tolerancia como valores centrales para reparar esa grieta social y política injusta, inmerecida para cualquier país.
Venezuela ingresó a este trance institucional de quiebre, luego de que el máximo tribunal electoral desestimara las presentaciones de la oposición que reclamaba la convocatoria de un referendo revocatorio del mandato de Maduro con una serie de argumentos más que nada políticos antes que legales y congeló la recolección de firmas que se requieren para que constitucionalmente quede habilitado. La oposición asegura que ese rechazo se debe a que el oficialismo es consciente de que puede perder el poder a través de la consulta popular. Sin alternativas, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) -el conglomerado opositor, que tiene a varios de sus principales líderes detenidos por encabezar protestas- convocó a los venezolanos a ganar las calles y, como contrapartida, el chavismo pidió a sus militantes que salgan a defender el Gobierno. En ese trance, Maduro -sin oxígeno político y abandonado por la mayoría de los gobiernos de América Latina- visitó al Papa. El pontífice se comprometió a mediar en el conflicto y envió a uno de sus diplomáticos. Pero no todos los actores de ambos bandos respaldan el inicio del diálogo, que es apoyado por buena parte de la comunidad internacional, en vista de las dramáticas diferencias y la cada vez más crítica situación social. Los sectores más duros del chavismo advierten que rechazarán “cualquier intervención internacional en los asuntos internos”, mientras que desde la oposición han dicho que “el diálogo no puede ser visto como una estrategia de quienes desde el poder quieren ganar tiempo, sino como un espacio de lucha” Pero a medida que las horas pasan la situación se agrava: miles de opositores se movilizan para exigir la renuncia de Maduro y lo mismo hacen miles de chavistas en apoyo a su gobierno. Hubo refriegas entre los manifestantes, represión policial, muertos y heridos. Para la oposición, se vive “una dictadura”, para el chavismo se trata de defender “la revolución bolivariana”. Los ojos y los corazones de millones de latinoamericanos están pendientes de que el nuevo intento de diálogo que se iniciará el domingo sirva para reencontrar la paz y la convivencia en Venezuela. El clamor de la mayoría de los políticos y actores sociales argentinos está en línea con la decisión del Papa de promover el encuentro, el respeto y la tolerancia como valores centrales para reparar esa grieta social y política injusta, inmerecida para cualquier país.
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