Es una historia que se repite sistemáticamente todos los años. Sus destinatarios preferidos son los ojos, las gargantas, los pulmones, de los ciudadanos. Nadie cuenta con el privilegio de librarse de la agresión ambiental que nos acecha particularmente en la etapa final de la zafra azucarera. Pero también la ropa, el pelo, los patios, las calles, los paseos públicos, sienten la invasión de las cenizas. La quema de cañaverales se integra al paisaje tucumano, entre agosto y noviembre, pero no para orgullo, sino para vergüenza provincial.
En nuestra edición del sábado, le dedicamos un espacio importante a este flagelo social que no solo ocasiona perjuicios a la salud, sino que también insume recursos económicos y el esfuerzo constante de los bomberos voluntarios, que como tales, no perciben ningún salario por su importante labor. La semana pasada, los vecinos de Aguilares manifestaron con barbijos y carteles en plaza principal contra la quema de cañaverales y reclamaron que se aplicaran sanciones severas a los cañeros que contaminan el ambiente y dañan la salud.
La presidenta da la Federación Tucumana de Bomberos Voluntarios dijo que cada vez que van a apagar un incendio de un cañaveral, se gastan unos $3.000. Un colega de Lules cuenta que hay días en que reciben 20 denuncias. “Estas quemas causan muchos problemas en las rutas, generan accidentes y otras situaciones de peligro. Además, los campos están cerca de viviendas y barrio. Es un riesgo constante... Nunca hay un responsable, ¿cómo puede ser?”, dijo. El jefe de los Bomberos Voluntarios de Concepción sostuvo que en el 99% de los casos, se trata de quemas intencionales de los cañeros, que optan por incendiar la caña para evitar costos laborales y de este modo evitan tener que pagar personal para pelar la caña.
El secretario provincial de Medio Ambiente aseveró que este año han aumentado tanto los controles como las sanciones, y que se registró un 20% más de infracciones respecto de 2015. Añadió que la Policía se ocupa de investigar la autoría de los incendios.
Lo llamativo es que cualquier persona puede rastrear la información de los incendios de las últimas 48 horas, a través de monitoreos satelitales mediante el Google Hearth. Cruz Alta, Leales y Simoca (departamentos con mayor superficie de caña de azúcar) concentran el 60% de los incendios; el monitoreo mostró que el 95 % de las quemas acontece entre julio y octubre. Según el Instituto de Ecología Regional que la quema no disminuyó luego de que en 2006 entró en vigencia la ley 6.253 que prohíbe esta práctica.
En 2007, comenzó a regir la ley 7.459, por la cual los ingenios no pueden recibir caña quemada; en septiembre de 2009, se sancionó una norma que prescribe que quienes fueran hallados quemando caña de azúcar en pie, quedarían detenidos. Sin embargo, no se han divulgado casos en que alguien haya sido arrestado o se hayan aplicado sanciones onerosas, tanto a los infractores como a los ingenios. Si este flagelo no ha cesado en 10 años, significa que el Estado está haciendo algo mal. Con el avance de la tecnología, no hay pretexto que valga, basta con sentarse en una computadora y realizar un monitoreo satelital para comprobar dónde se están produciendo los incendios. El Gobierno que debe aplicar con rigor la ley, no tiene excusas para seguir dejando que estos actos delictivos sigan atentando contra la calidad de vida de los tucumanos.
En nuestra edición del sábado, le dedicamos un espacio importante a este flagelo social que no solo ocasiona perjuicios a la salud, sino que también insume recursos económicos y el esfuerzo constante de los bomberos voluntarios, que como tales, no perciben ningún salario por su importante labor. La semana pasada, los vecinos de Aguilares manifestaron con barbijos y carteles en plaza principal contra la quema de cañaverales y reclamaron que se aplicaran sanciones severas a los cañeros que contaminan el ambiente y dañan la salud.
La presidenta da la Federación Tucumana de Bomberos Voluntarios dijo que cada vez que van a apagar un incendio de un cañaveral, se gastan unos $3.000. Un colega de Lules cuenta que hay días en que reciben 20 denuncias. “Estas quemas causan muchos problemas en las rutas, generan accidentes y otras situaciones de peligro. Además, los campos están cerca de viviendas y barrio. Es un riesgo constante... Nunca hay un responsable, ¿cómo puede ser?”, dijo. El jefe de los Bomberos Voluntarios de Concepción sostuvo que en el 99% de los casos, se trata de quemas intencionales de los cañeros, que optan por incendiar la caña para evitar costos laborales y de este modo evitan tener que pagar personal para pelar la caña.
El secretario provincial de Medio Ambiente aseveró que este año han aumentado tanto los controles como las sanciones, y que se registró un 20% más de infracciones respecto de 2015. Añadió que la Policía se ocupa de investigar la autoría de los incendios.
Lo llamativo es que cualquier persona puede rastrear la información de los incendios de las últimas 48 horas, a través de monitoreos satelitales mediante el Google Hearth. Cruz Alta, Leales y Simoca (departamentos con mayor superficie de caña de azúcar) concentran el 60% de los incendios; el monitoreo mostró que el 95 % de las quemas acontece entre julio y octubre. Según el Instituto de Ecología Regional que la quema no disminuyó luego de que en 2006 entró en vigencia la ley 6.253 que prohíbe esta práctica.
En 2007, comenzó a regir la ley 7.459, por la cual los ingenios no pueden recibir caña quemada; en septiembre de 2009, se sancionó una norma que prescribe que quienes fueran hallados quemando caña de azúcar en pie, quedarían detenidos. Sin embargo, no se han divulgado casos en que alguien haya sido arrestado o se hayan aplicado sanciones onerosas, tanto a los infractores como a los ingenios. Si este flagelo no ha cesado en 10 años, significa que el Estado está haciendo algo mal. Con el avance de la tecnología, no hay pretexto que valga, basta con sentarse en una computadora y realizar un monitoreo satelital para comprobar dónde se están produciendo los incendios. El Gobierno que debe aplicar con rigor la ley, no tiene excusas para seguir dejando que estos actos delictivos sigan atentando contra la calidad de vida de los tucumanos.
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