Falta la reforma del Estado

Corrido por la realidad socioeconómica y la velocidad agónica con que transcurre la transición, el país presiente que habrá elecciones anticipadas a la fecha prevista, pero sin tiempo para la profunda reforma política que impediría que "haya más de lo mismo". Y no sólo eso, pues también en la reciente reunión del presidente Eduardo Duhalde con la totalidad de los gobernadores justicialistas el tema estuvo tan ausente de la variada agenda oficial y los trascendidos, que cuesta un gran esfuerzo descartar su exclusión deliberada. Sí estuvo presente, por lo contrario, en el gran cónclave la inquietud por acortar el calendario electoral de la transición, como una suerte de resguardo frente a la realidad que presenta el país.
La cuestión esencial de la reforma electoral, del régimen de partidos políticos y, en suma, de la apertura del acceso a las funciones electivas, parece destinada al fracaso, como sugieren las posiciones de ciertos gobernadores - La Pampa, Santa Cruz y San Luis- que propusieron el relevo de todos los cargos o la realización de comicios antes de fin de año, decisiones que requerirían previamente una reforma constitucional.
La reciente reforma del sistema de control de las finanzas partidarias, que condiciona el rol de la Justicia Electoral al asignar a la Auditoría General de la Nación una intervención significativa, ha sido también otro dato elocuente de la resistencia a replantear la profunda revisión del régimen representativo que demanda la ciudadanía.
La AGN es un organismo que depende del Poder Legislativo y está integrado exclusivamente por representantes partidarios que, con el análisis del control asignado, mediatizarán al Poder Judicial hasta el punto de poder enfrentarlo con el Congreso. Seguramente que habría sido más adecuado que los legisladores atendieran los requerimientos que desde hace largo tiempo se han estado planteando por la Justicia para mejorar el sistema a su cargo, dotándolo de una capacidad adecuada.
Como se ha señalado reiteradamente en esta columna editorial, otro de los rumbos más errados del proceso de transición sería pretender avanzar hacia la solución electoral mediante la reforma previa de la Constitución, pues ello implicaría convocar a comicios de constituyentes bajo el desprestigiado régimen electivo actual, además de sumar a la presente realidad socioeconómica un perturbador estado de confrontación. No menos reprobables son las pretensiones de imponer el relevo de la totalidad de las bancas legislativas, ignorando que el sistema de renovaciones parciales, generalizado en los parlamentos democráticos, permite mantener la indispensable continuidad legislativa. Tan improvisados andariveles como los que frecuentemente se proponen, no pretenden sino eludir la perentoria necesidad de la reforma política, a la vez que hacen de las reprobadas dirigencias las beneficiarias de un notorio "gatopardismo".
Si es cierto, al fin, que en los días próximos se cumplirán los deberes exigidos para acordar la ayuda externa, en el orden de prioridades de la crisis debe seguir la no menos necesaria reforma política a cargo del Poder Legislativo, una urgencia a la que la voluntad social debe contribuir aportando parecida energía a la empeñada en la defensa de los derechos de propiedad.