20 Agosto 2016 Seguir en 
Consideró que es “un tema espinoso, porque hay mucho dinero dando vueltas”. Pero entendió que, ante extensión del escándalo por los millonarios gastos sociales de la Legislatura, era importante formular “un juicio moral” sobre el régimen para presuntos subsidios.
“No puedo decir que haya una inmoralidad directamente en esto, pero es un esquema moralmente perverso”, afirmó el obispo de la Diócesis de Concepción, José María Rossi. En una rueda de prensa con radios de esa localidad, monseñor pidió claridad en el manejo de esos recursos públicos. “El esquema y la distribución (de fondos) son muy cuestionables desde el punto de vista moral, porque si me dan un dinero público y me dicen: ‘gástelo’, y punto, me están dando toda la oportunidad para usarlo mal. Las tentaciones son muchas, no puede ser que a los legisladores se los ponga en la ocasión de usar mal un dinero que no es de ellos”, expresó el obispo de Concepción.
El sacerdote indicó que está al tanto de la polémica por el régimen de ayudas sociales del Poder Legislativo desde hace “varios años”. Pero aclaró que el monto desembolsado en 2015 “nos impone una decisión importante”.
El año pasado, en el que se celebraron elecciones provinciales y nacionales, la Legislatura ejecutó $ 615,6 millones de la partida Transferencias, que incluye los subsidios conocidos como gastos sociales. Este rubro insumió el 40% del presupuesto total anual de la Cámara. Gran parte de ese dinero fue retirado en valijas de una sucursal bancaria céntrica y llevado a la sede legislativa de calle Muñecas 951, donde era entregado en efectivo. Hay cuatro expedientes en el fuero contencioso que objetan este sistema, además de una denuncia por presunto fraude en el fuero penal provincial y otra por posible evasión en el fuero federal.
Rossi cuestionó la falta de información sobre el destino del dinero, y aunque no fue específico, deslizó que tiene sus sospechas sobre el asunto. “Yo tampoco lo voy a decir, pero todo el mundo sabe. Fue mucho dinero”, aseveró.
Luego, ante la consulta de un periodista, consideró factible que los recursos hayan ido a parar a personas o instituciones necesitadas. “Puede ser, ¿no? Pero primero tendrían que demostrarlo. Es obligación demostrar que uno usa esto (por los dineros públicos) correctamente. Además, me parece que no es el rol de los legisladores distribuir dinero; se los ha elegido para que legislen, no para que distribuyan dinero, aunque sea distribuido a los pobres, El Poder Ejecutivo tiene estructuras mucho mejores para hacer esa tarea”, indicó.
Versiones de cambio
En los últimos días, el vicegobernador Osvaldo Jaldo ratificó que el sistema de gastos sociales podría ser modificado, si es que los jefes de los bloques políticos se ponen de acuerdo en un régimen alternativo. Las presiones sobre el tema crecieron luego de las recientes declaraciones del legislador oficialista Reneé Ramírez, quien admitió que maneja $ 150.000 al mes para subsidios. A raíz de estos dichos, el peronista disidente Oscar López pidió al fiscal federal N° 1, Carlos Brito, que Ramírez y sus pares sean citados a declarar por evasión.
La Constitución provincial dispone que la única remuneración por la tarea legislativa es la dieta, que hoy está fijada en unos $ 30.000. La sospecha de López es que se utiliza el sistema de gastos sociales para encubrir un “sobresueldo”.
Monseñor Rossi fue cauto con respecto a los cambios que podrían instaurar en la Cámara con respecto a los subsidios y las dietas. “Lo que no deberían hacer es traspasar esto de los gastos sociales a la dieta, porque eso sería una burla a la comunidad. Sería como reconocer que ya se los venían quedando antes y que los blanqueen”, añadió. Manifestó que los haberes parlamentarios deberían ser similares a otros de la administración pública. “No se debe abusar, por supuesto. Un legislador tienen que poder vivir honestamente, como cualquier trabajador, y con eso creo que es suficiente”, destacó el obispo de Concepción.
“No puedo decir que haya una inmoralidad directamente en esto, pero es un esquema moralmente perverso”, afirmó el obispo de la Diócesis de Concepción, José María Rossi. En una rueda de prensa con radios de esa localidad, monseñor pidió claridad en el manejo de esos recursos públicos. “El esquema y la distribución (de fondos) son muy cuestionables desde el punto de vista moral, porque si me dan un dinero público y me dicen: ‘gástelo’, y punto, me están dando toda la oportunidad para usarlo mal. Las tentaciones son muchas, no puede ser que a los legisladores se los ponga en la ocasión de usar mal un dinero que no es de ellos”, expresó el obispo de Concepción.
El sacerdote indicó que está al tanto de la polémica por el régimen de ayudas sociales del Poder Legislativo desde hace “varios años”. Pero aclaró que el monto desembolsado en 2015 “nos impone una decisión importante”.
El año pasado, en el que se celebraron elecciones provinciales y nacionales, la Legislatura ejecutó $ 615,6 millones de la partida Transferencias, que incluye los subsidios conocidos como gastos sociales. Este rubro insumió el 40% del presupuesto total anual de la Cámara. Gran parte de ese dinero fue retirado en valijas de una sucursal bancaria céntrica y llevado a la sede legislativa de calle Muñecas 951, donde era entregado en efectivo. Hay cuatro expedientes en el fuero contencioso que objetan este sistema, además de una denuncia por presunto fraude en el fuero penal provincial y otra por posible evasión en el fuero federal.
Rossi cuestionó la falta de información sobre el destino del dinero, y aunque no fue específico, deslizó que tiene sus sospechas sobre el asunto. “Yo tampoco lo voy a decir, pero todo el mundo sabe. Fue mucho dinero”, aseveró.
Luego, ante la consulta de un periodista, consideró factible que los recursos hayan ido a parar a personas o instituciones necesitadas. “Puede ser, ¿no? Pero primero tendrían que demostrarlo. Es obligación demostrar que uno usa esto (por los dineros públicos) correctamente. Además, me parece que no es el rol de los legisladores distribuir dinero; se los ha elegido para que legislen, no para que distribuyan dinero, aunque sea distribuido a los pobres, El Poder Ejecutivo tiene estructuras mucho mejores para hacer esa tarea”, indicó.
Versiones de cambio
En los últimos días, el vicegobernador Osvaldo Jaldo ratificó que el sistema de gastos sociales podría ser modificado, si es que los jefes de los bloques políticos se ponen de acuerdo en un régimen alternativo. Las presiones sobre el tema crecieron luego de las recientes declaraciones del legislador oficialista Reneé Ramírez, quien admitió que maneja $ 150.000 al mes para subsidios. A raíz de estos dichos, el peronista disidente Oscar López pidió al fiscal federal N° 1, Carlos Brito, que Ramírez y sus pares sean citados a declarar por evasión.
La Constitución provincial dispone que la única remuneración por la tarea legislativa es la dieta, que hoy está fijada en unos $ 30.000. La sospecha de López es que se utiliza el sistema de gastos sociales para encubrir un “sobresueldo”.
Monseñor Rossi fue cauto con respecto a los cambios que podrían instaurar en la Cámara con respecto a los subsidios y las dietas. “Lo que no deberían hacer es traspasar esto de los gastos sociales a la dieta, porque eso sería una burla a la comunidad. Sería como reconocer que ya se los venían quedando antes y que los blanqueen”, añadió. Manifestó que los haberes parlamentarios deberían ser similares a otros de la administración pública. “No se debe abusar, por supuesto. Un legislador tienen que poder vivir honestamente, como cualquier trabajador, y con eso creo que es suficiente”, destacó el obispo de Concepción.







