La Justicia y la corrupción

El problema de los choques de la Justicia con los políticos está a la orden del día. En su alocución del Tedéum de la fecha patria, el arzobispo de Tucumán se refirió al tema con duros conceptos, y lo propio hizo el titular de la diócesis de Concepción. En una palabra, registraron ambos el clamor de la sociedad de que la ley, personificada por los magistrados, pueda verificar, sin inconvenientes ni traba alguna, si los representantes del pueblo se conducen en sus tareas con la probidad que de ellos debe esperarse. Por cierto que nadie podría discutir este punto de vista, que por otro lado constituye una elemental exigencia del sistema democrático.
Pero no está de más sumar algunas reflexiones a dicho principio general. En nuestra edición de ayer, un catedrático universitario formuló salvedades nada frecuentes sobre el particular tema. Acudió al ejemplo negativo de Italia, con aquella acción judicial anticorrupción denominada "mani pulite" (manos limpias) desarrollada hace pocos años. Recordó que se desencadenaron entonces más de 3.000 procesos, donde se estableció que se habían repartido 1.800 millones de dólares en sobornos. Consecuentemente, se condenó a más de un millar de personas. Pero de ellas actualmente sólo hay una que cumple arresto, y domiciliario. Lo que sí ocurrió fueron graves efectos laterales. Ellos fueron el colapso de los dos partidos tradicionales de Italia, el acceso a la jefatura de gobierno de un hombre muy cuestionado y la cancelación de todo intento de profundizar aquel tan publicitado "mani pulite".
Basado en todo eso, el catedrático sostiene que para que exista una efectiva tarea contra la corrupción, la repulsa pública, por espectacular que resulte, no es sólida como base para iniciar investigaciones. Debe existir, por cierto, el consenso ciudadano para que se obre contra los delitos de funcionarios, y una ciudadanía debidamente informada de todo lo que tenga que ver con el punto. Pero lo fundamental es una Justicia independiente, que cumpla con su deber utilizando toda la firmeza y el peso que inviste, en su carácter de poder del Estado. Eso es lo realmente eficaz. De otro modo, se corre el riesgo de que todo se agote en el espectáculo, y dure lo que dura el interés de la gente.
La reflexión nos parece importante y necesaria. La crisis en que se encuentra sumido el país da lugar cotidianamente a una escalada de repudios y de cuestionamientos públicos. Pero todo eso no debe apartarnos del fondo del asunto. Investigar delitos, formular acusaciones e imponer condenas es una cuestión de los magistrados, ya que para ello han sido designados. Así, junto a la convicción pública de que la corrupción debe desaparecer, es fundamental lograr una Justicia insospechable y a la cual no le tiemble la mano a la hora de obrar. Esto es lo verdaderamente importante, en una sociedad que se precie de sostener el sistema republicano de gobierno. Lo demás puede ser impresionante y espectacular, pero lamentablemente se pierde en el vacío ni bien la voluble opinión pública gira su mirada hacia otros temas.
Por ello es que, en esta cuestión como en tantas otras, un país maduro debe distinguir lo esencial de lo que se halla meramente en la superficie. Y lo esencial son, sin duda, las instituciones. Si la mayor parte de la ciudadanía, felizmente, parece estar resuelta a participar, debe hacerlo manteniéndose plenamente informada; cuidando que los ciudadanos probos y capaces estén a cargo de las instituciones, y exigiendo que las mismas cumplan con su deber hasta el final. Es decir que, en los casos de corrupción, no termine quedando todo en la bruma, sino que se llegue a fallos (abundantemente difundidos para conocimiento general) que finalmente condenen, o que finalmente absuelvan. De ese modo se arribará a un estadio firme, que consolide realmente la democracia por medio de la demostración del funcionamiento de sus instituciones.