25 Febrero 2004 Seguir en 
El Poder Judicial es un hervidero y la profundización del "caso Artaza" preocupa a varios de sus integrantes. Ayer, a las 12, los siete fiscales de Instrucción penal se reunieron con el presidente de la Corte Suprema, Antonio Gandur, quien los reprendió por los errores cometidos en la falta de control en la entrega de vehículos secuestrados.
Mientras tanto, la investigación por el robo del auto, por la cual están detenidos Gerardo "Loco" Artaza y otros dos hombres, avanza. Ayer, el juez de Instrucción de la IV Nominación, Víctor Pérez, le dictó la prisión preventiva a Manuel "Gordo" García, uno de los acusados por el asalto que sufrió en junio un remisero, al que le sacaron el automóvil Ford Fiesta por el que luego fue arrestado Artaza.
Ahora, el juez enviará la causa a la Fiscalía X, en la que está al frente por una subrogación, Alejandro Noguera, y que tiene como secretario a Daniel Clemente. Ellos, a raíz de la orden que dio el ministerio fiscal, debían remitírsela al fiscal VII, Gustavo Estofán; este, a su vez, debía reunir todas las causas que hay contra Artaza. Pero el ministro fiscal, Luis de Mitri, ordenó que los expedientes pasen a la fiscal IX de Instrucción, Raquel Asís.
Ayer, en todas las fiscalías, en los despachos de la Corte y del Ministerio Fiscal los empleados trabajaron arduamente en torno de este caso. Se individualizaron todas las causas contra de Artaza, se analizaron meticulosamente algunas de ellas y se delinearon los pasos a seguir para unificar su tramitación.
Tal como lo reveló LA GACETA, en 27 años Artaza acumuló 52 causas, con una sola condena a un año de prisión en suspenso. Muchas se archivaron, y el resto durmió largos períodos en los anaqueles de las fiscalías. Gandur no quiere más problemas en la Justicia Penal. Por ello, les pidió a los fiscales que estén atentos al registro de las causas en el sistema informático y les recordó la normativa vigente sobre la entrega de vehículos (ver "Entregas...")
Además de Artaza y de García, está detenido Walter Antonio Medina. A pedido del juez Pérez, el abogado Francisco Torres fue separado de la defensa de Artaza (ayer asumió el letrado Roberto Flores). El próximo martes vencen los plazos para decidir si se libera o si se ordena la prisión preventiva de Artaza y de Medina. Pero, según se supo, faltan algunas pruebas y el futuro de la causa depende de la celeridad con que actúe la nueva fiscal.
Actuación federal
El "caso Artaza" se desató no sólo por la aparente impunidad con la que se habría movido en los últimos años, sino porque el auto que le robaron al remisero había sido secuestrado por la Fiscalía VII, a cargo de Gustavo Estofán, y misteriosamente apareció en poder de terceros.
Justamente el juez federal Felipe Terán -principal investigador del denominado caso de las 4x4- también tiene a Artaza y a su entorno en la mira. Durante enero, al secuestrarse una camioneta melliza, fueron encontrados dos oficios judiciales -entregados en fiscalías provinciales- a favor de Artaza y de sus familiares.
Según el juez federal, esta línea investigativa correría en forma paralela a la que lleva adelante con los ya detenidos Pedro Tomás y Hugo Tarifa. A ellos dos podría sumarse, si la Legislatura le quita los privilegios constitucionales, el ahora suspendido fiscal Héctor Abraham Musi. Terán quiere imputarlo en la causa.
Mientras tanto, la investigación por el robo del auto, por la cual están detenidos Gerardo "Loco" Artaza y otros dos hombres, avanza. Ayer, el juez de Instrucción de la IV Nominación, Víctor Pérez, le dictó la prisión preventiva a Manuel "Gordo" García, uno de los acusados por el asalto que sufrió en junio un remisero, al que le sacaron el automóvil Ford Fiesta por el que luego fue arrestado Artaza.
Ahora, el juez enviará la causa a la Fiscalía X, en la que está al frente por una subrogación, Alejandro Noguera, y que tiene como secretario a Daniel Clemente. Ellos, a raíz de la orden que dio el ministerio fiscal, debían remitírsela al fiscal VII, Gustavo Estofán; este, a su vez, debía reunir todas las causas que hay contra Artaza. Pero el ministro fiscal, Luis de Mitri, ordenó que los expedientes pasen a la fiscal IX de Instrucción, Raquel Asís.
Ayer, en todas las fiscalías, en los despachos de la Corte y del Ministerio Fiscal los empleados trabajaron arduamente en torno de este caso. Se individualizaron todas las causas contra de Artaza, se analizaron meticulosamente algunas de ellas y se delinearon los pasos a seguir para unificar su tramitación.
Tal como lo reveló LA GACETA, en 27 años Artaza acumuló 52 causas, con una sola condena a un año de prisión en suspenso. Muchas se archivaron, y el resto durmió largos períodos en los anaqueles de las fiscalías. Gandur no quiere más problemas en la Justicia Penal. Por ello, les pidió a los fiscales que estén atentos al registro de las causas en el sistema informático y les recordó la normativa vigente sobre la entrega de vehículos (ver "Entregas...")
Además de Artaza y de García, está detenido Walter Antonio Medina. A pedido del juez Pérez, el abogado Francisco Torres fue separado de la defensa de Artaza (ayer asumió el letrado Roberto Flores). El próximo martes vencen los plazos para decidir si se libera o si se ordena la prisión preventiva de Artaza y de Medina. Pero, según se supo, faltan algunas pruebas y el futuro de la causa depende de la celeridad con que actúe la nueva fiscal.
Actuación federal
El "caso Artaza" se desató no sólo por la aparente impunidad con la que se habría movido en los últimos años, sino porque el auto que le robaron al remisero había sido secuestrado por la Fiscalía VII, a cargo de Gustavo Estofán, y misteriosamente apareció en poder de terceros.
Justamente el juez federal Felipe Terán -principal investigador del denominado caso de las 4x4- también tiene a Artaza y a su entorno en la mira. Durante enero, al secuestrarse una camioneta melliza, fueron encontrados dos oficios judiciales -entregados en fiscalías provinciales- a favor de Artaza y de sus familiares.
Según el juez federal, esta línea investigativa correría en forma paralela a la que lleva adelante con los ya detenidos Pedro Tomás y Hugo Tarifa. A ellos dos podría sumarse, si la Legislatura le quita los privilegios constitucionales, el ahora suspendido fiscal Héctor Abraham Musi. Terán quiere imputarlo en la causa.







